El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró la pandemia mundial de la Covid-19 y, de golpe, todo cambió (o esto nos dicen). De un día para otro nos tuvimos que volver expertas en los mil y un cambios de nuestras vidas, desde protocolos para evitar contagios a saber cómo funcionaban los Ertes y a no desesperar si no nos llegaba el importe de ese mes. La convivencia con la incerteza laboral y la precariedad como norma para la supervivencia no fueron nuevas compañeras de viaje: veníamos de una crisis que nunca se fue, que nos dejó en el camino una década de empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora. Fuimos las que pagamos la anterior crisis y, ahora, ante los fondos europeos y los planes de recuperación y transformación –como el plan España Puede–, vemos cómo reaparecen una deuda pública disparada y un horizonte de recortes y austeridad.
Los fondos europeos de recuperación y transformación de la economía responden principalmente al Next Generation EU, un instrumento financiero temporal dotado de 750.000 millones de euros –de los cuales el Estado español aspira a recibir 140.000 millones de euros– que proporcionarán en los próximos 7 años subvenciones y préstamos a los Estados miembros de la Unión Europea. Hablamos de un paquete de estímulo económico sin precedentes, que refuerza el presupuesto europeo, y que se presenta como herramienta para reparar los daños económicos inmediatos de la pandemia y, a su vez, para modernizar la economía para que sea verde y digital. Ante la tentación de asumir esta inyección de dinero sin preguntar, es fundamental que seamos conscientes de las cadenas que acompañan su llegada: las condicionalidades del rescate afectarán directamente a nuestras vidas.
El capital de las subvenciones y préstamos que vendrán es fruto de la emisión de deuda por parte de la Unión Europea y, por tanto, su importe deberá devolverse a los mercados financieros por parte de los Estados miembro. Los aprendizajes de la anterior crisis nos llevan a apuntar a las reformas –como la laboral o la de las pensiones–, los recortes y la austeridad como la receta de recaudación más probable. Además, por si este horizonte no fuera suficiente para ponernos en alerta, observamos que los mecanismos de los que se ha dotado el Gobierno del Estado español nos remiten a una profundización de las dinámica privatizadora. La priorización de las colaboraciones público-privada frente a un refuerzo de las administraciones y servicios públicos –llevándonos hasta la privatización de la gestión de los mismos fondos– visibiliza y perpetua un modelo económico donde el mercado y los intereses particulares se sitúan por encima del interés general, por encima de la vida de las personas. (…)
Autor/a: Joana Bregolat, investigadora de l’ODG
Publicado: 12 d’abril de 2021
Foto: El Boletín
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