La plataforma civil Open Generation EU denuncia que el proceso de enmiendas al Real Decreto que regula la gestión de fondos está paralizado y será anulado en caso de que lleguen los fondos antes de su votación y debate.
El 28 de enero se presentó en el Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley 36/2020, por el que se regula la gestión de los fondos europeos Next Generation EU. La votación del texto, con infinidad de carencias en cuanto a transparencia o medidas de fiscalización, marcó que debería ser sometido a un proceso de enmiendas en el que los partidos políticos tuvieran un plazo para presentarlas de cara a una futura votación. Un mes después, el primero de marzo, el Consejo de Estado hizo público un informe en el que aseguraba que había claras carencias en las garantías de control y transparencia en la ley que regulará la gestión y adjudicación de los fondos, lo que afirmaba la necesidad de ese proceso de enmiendas y debate. El proceso debía tramitarse como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con un plazo de dos semanas para que los grupos parlamentarios presentaran sus enmiendas para el debate y votación en el Congreso.
Pero han pasado tres meses y el proceso sigue igual que a comienzos de marzo, totalmente parado. Algo que según la organización civil Plataforma Open Generation EU es de extrema gravedad. “Exigimos que se ponga fecha para la tramitación de las enmiendas lo antes posible, porque este proceso no se puede alargar más”, ha afirmado en rueda de prensa Sandra Vicente, integrante de la plataforma. Las consecuencias tan graves a las que se refieren es que el proceso, que debería haberse finiquitado en 15 días, no se complete y las enmiendas no sean consideradas. Ya que, si no se completa el proceso antes de que lleguen las ayudas, se aplicará el RDL actual, con todas esas deficiencias y carencias de transparencia, fiscalización o participación civil que el mismo Congreso de los Diputados y el Consejo de Estado señalaron.
La Plataforma Open Generation EU, impulsada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC), pero donde colaboran otras organizaciones sociales como Ecologistas en Acción, Oxfam Intermón, Access Info Europe o el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), ha desarrollado una batería de enmiendas que han entregado a todos los partidos políticos. Elaboradas por grupos expertos y colectivos de la sociedad civil, las enmiendas tienen el objetivo de “garantizar un mayor y mejor acceso a la información”. El texto legislativo apenas menciona garantías de transparencia, lamentan desde la plataforma, y sospechan que “los procesos se van a dar de manera opaca, con la gestión por parte del Consejo de Ministros, sin directrices claras de cómo se van a hacer públicos los datos ni de cómo se va a poder fiscalizar la adjudicación y ejecución de los fondos”. Como ha explicado Vicente hoy, “el objetivo como plataforma es asentar las bases para una gobernanza abierta”. (…)
Autora: Yago Álvarez Barba
Publicado: 12 de mayo
Foto: Open Generation EU
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