La extracción de tierras raras en Madagascar pone en peligro los medios de subsistencia de las comunidades locales, advierte nuestra compañera Marta Pérez. En este artículo de opinión, analiza los daños colaterales de la transición «verde».
Antes, de un terreno de una hectárea sacaban catorce sacos de cosecha, ahora solo producen diez. Las estaciones cambian antes de tiempo, la tierra se calienta, de repente llega el frío y los ciclos de cultivos se ven alterados. Paulette nos recibe en su casa, acompañada de una decena de mujeres agricultoras de la comunidad de Ankililaoka, al suroeste de Madagascar. Han dejado sus trabajos y caminado varios kilómetros para participar en nuestro encuentro.
El cambio climático, nos cuentan, no es la única amenaza para unas comunidades cuyo modo de subsistencia depende completamente de los bosques, la tierra y el mar. Desde hace diez años, un proyecto de minería de tierras raras pretende instalarse en la región de Toliara. Base Toliara, propiedad de la empresa estadounidense Energy Fuels, recibió finalmente el permiso de explotación en octubre de 2024.
Once son las comunidades que colindan con el área de explotación, donde viven los pueblos masikoro, vezo y mikea, con tradiciones y culturas muy arraigadas al territorio y que, con la llegada de este proyecto, ven amenazada su propia existencia. Aunque la actividad extractiva todavía no ha empezado, la empresa estableció su campamento principal para la obtención de muestras en los bosques cercanos a Tsiafanoke, un lugar sagrado para los masikoro. Los bosques proporcionan fuentes alternativas de alimentos, caza, leña para cocinar, medicinas, pastos para los cebúes y un lugar para enterrar a los antepasados.
Con la llegada de la empresa, las comunidades temen por la reubicación de sus hogares y también de los lugares sagrados en los que entierran a sus antepasados desde hace siglos. Además, las terribles consecuencias del cambio climático en el sur del país, caracterizadas fundamentalmente por una gran sequía, implican que la disponibilidad de agua sea escasa y que haya que priorizar sus usos. Estas agricultoras malgaches lo tienen claro: antes la tierra que el dinero. Otros, en cambio, por lo que denuncian, han sucumbido a los presuntos sobornos de la empresa, que ha comprado supuestamente apoyos entre algunos líderes comunitarios.
Los miedos a los impactos de la extracción no son infundados. A 600 kilómetros más al sureste, en la región de Anosy, la empresa Río Tinto lleva 17 años extrayendo arenas minerales y, desde 2018, extrae monacita –un mineral que contiene tierras raras–. Se han producido múltiples incidencias a lo largo de la historia de esta mina. Después de dos episodios ciclónicos en 2022, la presa que contiene el agua residual llegó a un punto de casi colapso, y la empresa descargó un millón de metros cúbicos para evitarlo. Esto resultó en la muerte de cientos de peces en el lago Ambavarano y una prohibición de pesca de tres meses. La propia empresa reconoció niveles excesivos de aluminio y cadmio en al agua vertida y otro estudio independiente encontró elevadísimas concentraciones de plomo y uranio en algunos tramos del río. Las personas que trabajan para la empresa beben agua tratada en sus instalaciones, pero la mayor parte de la población consume directamente el agua del río y de los lagos.