A raíz del Consejo de Ministros de la semana pasada, en que se aprobaron una serie de medidas para paliar el desorbitado crecimiento del precio de la luz, surgen dudas sobre cómo se decide este precio y si las medidas serán suficientes. Todo ello, en medio de una crisis climática en la que el precio de la luz tiene más peso de lo que podría parecer.
El 10 de septiembre se estableció un máximo histórico en el precio de la luz. 150 euros el MW hora. Pero, dos días después, este récord se esfumó y parecía incluso barato al lado de los 165 euros que se llegaron a alcanzar. Y así semana tras semana, récord tras récord. Sólo como dato: los testigos que aparecen en este reportaje fueron entrevistados en días diferentes. En cada uno de los casos, ese día se establecía un pico o un máximo en el precio de la luz. No es casualidad, es norma. Pero esta norma afecta diferente según la persona y la circunstancia.
Cristina vive en Badalona con sus tres hijas: la pequeña de siete años y dos gemelas de 18. Cuatro personas a las que hay que alimentar, calentar, limpiar, vestir e iluminar con una única prestación de la Renta Garantizada. Una factura suya de la luz previa a esta escalada de precios rondaba los 40 euros. En junio, cuando se establecieron las franjas horarias, el precio subió a 75. El mes siguiente, cuando empezaron a pulverizarse récords, la factura ascendió a los 100 euros. Es decir, se duplicó en cuestión de dos meses. «No lo he podido pagar. Veremos qué pasa a final de mes, cuando haya cobrado, pero entonces ya se me juntan dos facturas «, explica Cristina, que vive con miedo de volver a generar una deuda con las compañías eléctricas.
Y es que esta vecina de Badalona es miembro de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) desde el 2015: a raíz de la crisis se quedó en paro (situación que continúa a día de hoy) y comenzó a acumular una deuda de impago que superó los 1.000 euros. «Vivía con la angustia de despertarme un día sin luz. Con la vergüenza de no poder pagar y con la responsabilidad de tener dos hijas pequeñas y una recién nacida», recuerda. Esta situación le generó una hipertensión que hoy todavía se está tratando. Hacía algunos años que estaba al día con las facturas, pero ahora siente que «todo vuelve a empezar», apunta, mientras remueve sus últimas tres facturas.
Todavía las mira cuando dice: «Creo que lo hago todo bien». Se refiere a tener en cuenta las franjas horarias y no abusar del consumo. Tiene una cocina eléctrica, pero desde que subió el precio, utiliza otra pequeña de butano. Se levanta a las seis de la mañana a poner lavadoras. En su casa, sólo consumen las bombillas, la tele y la nevera. «No lo entiendo, así que ya no miro las noticias, para ahorrarme el disgusto», afirma. La situación es insostenible y así lo considera también el Gobierno, que en el Consejo de Ministros de la semana pasada aprobó una serie de medidas para alcanzar el objetivo de que en 2021 se cierre con un precio de media al igual que el del 2018. Y para lograr esto, hay que bajar el precio de la factura un 30%.
Si el precio baja, ¿quien paga la diferencia?
El pasado 25 de junio, el Gobierno aprobó la rebaja del IVA de la luz de un 21 a un 10%. A esta rebaja de las tasas se sumó, el martes 14 de setiembre, una rebaja en el impuesto sobre la producción eléctrica y al impuesto especial eléctrico, que supondrá que las arcas públicas dejarán de recibir 650 millones de euros. «Da la sensación de que el Gobierno prefiere reducir la recaudación, tan necesaria en momentos de crisis, que tocar los beneficios de las empresas», dice María Campuzano, portavoz de la APE.
Quizás para contrarrestar esta sensación, el Consejo de Ministros de la semana pasada aprobó una medida que sí afecta directamente las empresas y a los llamados ‘beneficios caídos del cielo’, que supondrá que las eléctricas tendrán que devolver 2.600 millones de euros que deberían servir para disminuir el precio de la factura de la luz. Ahora bien, ¿de dónde salen estos beneficios? El mercado en el que se decide a diario el precio de la luz se caracteriza por ser marginalista. Esto significa que la tecnología más cara pautará el precio al que se venda la energía. Si bien las tecnologías renovables (placas solares o las presas hidroeléctricas), así como la nuclear tienen un coste de producción muy bajo, éstas no son suficientes para abastecer toda la demanda. Es aquí donde entra el gas.
A raíz de los costes que tiene extraerlo, de la crisis de suministro y del impuesto contra el CO2 con el que se graba el gas, este combustible ha alcanzado un precio altísimo. Y ese precio es al que se vende también la energía proveniente de fuentes renovables o nucleares, aunque su coste de producción sea bajísimo. Este margen, que es cobrado por las empresas, es llamado ‘beneficio caído del cielo’ y es éste el que, en parte, deberán devolver las empresas. Las grandes compañías, pues, están aumentando los beneficios mientras los consumidores se ven con graves problemas para llegar a fin de mes. Así, esta medida de limitar los beneficios caídos del cielo podría parecer la clave para solucionar la situación, pero no lo es.
Autora: Sandra Vicente
Publicado: 22 de septiembre
Foto: Sandra Vicente
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