Desde el ODG hemos investigado la opacidad y arbitrariedad en el reparto de los fondos públicos destinados a la recuperación después de las inundaciones que arrasaron la ‘Horta Sud’ de Valencia. Sumado a la trágica pérdida de vidas y al impacto incalculable, vuelve a imponerse el capitalismo del desastre: preservar a las grandes empresas por encima de las personas y del territorio.
El 29 de octubre del 2024, una barrancà se llevó la vida de 229 vecinas de la ‘Horta Sud’ de Valencia, y cambió para siempre la de miles de personas. El riesgo que comportaría esa gota fría hacía días que estaba detectada por parte del AEMET. La falta de actuación por parte de la administración pública agravó este peligro, hasta el punto de dejar sin escapatoria a centenares de personas que hacían su vida cotidiana, sin recibir la alerta que debería haber emitido la Generalitat Valenciana. Los territorios con población más empobrecida fueron los más afectados y más impactados por las inundaciones.
¿Qué ha pasado en este año desde la tragedia? ¿Quién ha podido acceder a los recursos económicos destinados a la recuperación después de la emergencia? ¿Se ha recuperado la normalidad en las calles de Algemesí, Benetússer, Paiporta, Alfafar, Picanya, Massanassa, Catarroja…? Hemos investigado los fondos destinados a reparar los estragos de la DANA, y a reconstruir las poblaciones manchadas por el barro. El resultado de esta investigación ha quedado plasmado en el reportaje Sota Focus de La Directa 593, elaborado por Ester Fayos y Eloi Latorre. Como recogen en el artículo, mientra la devastación en los hogares, comercios y espacios públicos de los barrios más humildes se mantiene, grandes empresas y establecimientos han recuperado la actividad con el apoyo de ayudas directas, avales y préstamos públicos.
Descarga aquí las versiones en castellano:
«La vida después de la DANA», reportaje de Ester Fayos, en colaboración con el ODG.
«Contratos para la reconstrucción: mucha urgencia y poca transparencia», artículo de Eloi Latorre, en colaboración con el ODG.
El gobierno del Estado español puso a disposición 16.600 millones de euros, y la Generalitat Valenciana reservó 772.500 millones de euros. Este presupuesto de recuperación ante la emergencia se tiene que repartir entre particulares, trabajadoras autónomas y empresas afectadas. De la partida española, hasta el pasado julio el gobierno del Pedró Sánchez ha abonado casi 6.000 millones, el 37% del total. El gobierno de Carlos Mazón habia distribuido más de 283 millones de euros hasta agosto, un 36% de la partida. Por ahora quién ha recibido una inyección de dinero directa, rápida y casi sin condiciones han sido las grandes empresas por encima de la población local. Además, como constatan en La Directa, Juan Roig y Amancio Ortega se reparten el negocio de las donaciones a afectados por la DANA. (Puedes ver aquí la versión en castellano)
Eso pasa porque se asume que la forma de velar por el bienestar de la población es haciendo que la rueda capitalista no pare, que el crecimiento no se estanque. No se cuestiona que las grandes empresas sean rescatadas, ni se les establece obligaciones, como garantizar lugares de trabajo o fomentar una reconstrucción adaptada al cambio climático, señala Júlia Martí, investigadora del ODG especializada en ecofeminismos y defensa de los bienes comunes. Juntamente con Marta Pérez Fargas, coordinadora política del ODG han rastreado la secuencia de todos los encargos de obras y servicios por parte de las administraciones vinculados a los impactos de este episodio de fenómeno metereológico extremo.
En particular, el ODG hemos investigado los contratos de emergencia, que se activaron inmediatamente después de las lluvias, pero que no siempre se han destinado a las necesidades básicas de sostenimiento de la vida. Son servicios que se pueden asignar tan solo con una llamada de teléfono, sin necesidad de firmar papeles ni licitaciones, y la empresa ya puede empezar a trabajar. A causa de la falta de información, sobretodo por parte de la Generalitat Valenciana, es muy difícil saber las condiciones del encargo y constatar si se ha hecho según lo acordado. Por tanto, es casi imposible hacer una fiscalización tanto de la empresa contratado como de la administración contratante.
Del impacto de la DANA en la población nos habla Rut Moyano, miembro del Comitè Local de Emergencia y Reconstrucción (CLER) de Benetússer, en el episodio 30 del podcast Desenredades: ‘Inundación de barro y especulación’. La normalidad todavía está lejos de volver a las calles de la ‘Horta Sud’. Primero, porque han perdido centenares de vecinas, que ya no están y no volverán. En el momento del desastre, recuerda esta superviviente, «literalmente, nos salvamos la vida los vecinos y la vecinas. Fue la comunidad la que tuvo la capacidad de respuesta inmediatan. Pero es que con el paso de los meses, ya un año, la descoordinación entre administraciones se hace cada vez más evidente. Y sobretodo, se hace evidente que hay unas priroidades. La empresa privada es la que ya está en marcha de nuevo», señala Moyano. «Para los ascensores de los centros comerciales sí que han habido piezas de recambio y mano de obra para repararlos. Pero muchas vecinas se ven obligadas a seguir encerradas en casa, porque no les han arreglado todavía los ascensores y no se pueden desplazar por las escaleras», denuncia la valenciana.
La escala de prioridades guvernamentales ha puesto por encima incluso un circuito de motociclismo, antes que las escuelas, centros sanitarios, polideportivos o los parques y plazas de los pueblos afectados. El impacto emocional se suma a las dificultades económicas, los obstáculos burocráticos para acceder a las ayudas escasas y que no legan a cubrir el coste que supone rehacerse de una catástrofe así. Los espacios de socialización y de garantía de derechos continuan inaccesibles para gran parte de las vecinas de la ‘Horta Sud’. Ante esta inacción, de nuevo es el vecindario quén está poniendo los esfuerzos para recuperar sus casas, sus barrios y sus derechos, tal y como están demostrando los CLER, y las mobilizaciones ciudadanas masivas que desde hace un año salen a la calle para reclamar justicia, reparación y dignidad.
