Comunicado de la plataforma Plan de Choque Social.
Los servicios públicos están a nuestro lado desde que nacemos y nos acompañan en toda nuestra vida. Garantizan derechos fundamentales como la educación, la salud o la protección social. Por eso cuando recortan servicios públicos, recortan nuestras vidas, nuestra dignidad. Por eso cuando privatizan servicios públicos, venden parte de nuestras vidas y nuestra dignidad para que alguien haga negocio a costa de todas. Por eso cuando hay gente que queda excluida de los servicios públicos nuestra sociedad es más injusta.
Una sociedad que invierte en servicios es más democrática, está más cohesionada y preparada para afrontar dificultades. Por eso la educación, la sanidad, las pensiones, los sociales, el transporte público, el agua, las telecomunicaciones tienen que llegar todas las familias, a todos los ámbitos.
En la actualidad esto no es así. Los servicios públicos están infradotados, son insuficientes, excluyen procesos necesarios y no alcanzan a todos los territorios, dejando especialmente desabastecido el medio rural. La privatización que han sufrido muchos de estos servicios han supuesto una pérdida de calidad y un aumento de las contrataciones precarias mientras que han enriquecido a las empresas que los gestionan.
El Estado español está por debajo de la media de la UE en gasto sanitario (-1,1%), educativo (-0,7%), de protección social (-1%), de vivienda (-0,1) o de servicios públicos generales (-0,2%). Otros gastos necesarios, como los de la lucha contra la violencia machista o la pobreza infantil siguen estando lejos de lo necesario para abordar estos problemas.
En el caso de la sanidad, entre 2010 y 2017, el Estado español perdió más de 12000 camas de hospitales a pesar del aumento de la población. En la actualidad tenemos 243 camas/100000 habitantes, siendo el vigésimo quinto país de la UE-28, cuya media es de 372 camas/1000000 habitantes. El personal enfermería se sitúa en 574/100000 habitantes en el puesto 18 de los 23 países con datos de la UE, cuya media es de 850/100000 habitantes. En el informe ‘State of Health in the UE. España`’. Perfil sanitario nacional 2019’, la Comisión Europea advierte que una importante parte de los profesionales sanitarios tienen contratos temporales, lo que aumenta la tasa de rotación del personal. Además, las colaboraciones público-privadas han derivado parte del gasto sanitario a beneficios empresariales. En la Comunidad de Madrid, una de las regiones más privatizadas (donde la crisis de la COVID-19 ha sido más aguda), se han construido siete hospitales de concesión privada, con sobre costes calculados en 3500 millones €, pero en total disminuyó el número de camas.
Por desgracia la crisis de la COVID-19 ha mostrado que no se puede atender una emergencia en condiciones porque los servicios públicos, que ya estaban desbordados, no están preparados. La infradotación de hospitales y de residencias de mayores, el poco personal sanitario, la falta de camas, las pocas ayudas a la dependencia (con más de 425.000 personas en lista de espera) o la precariedad de los servicios sociales (con recortes de 2.200 millones euros en 2013) han dificultado la actuación ante una emergencia ya no solo sanitaria, sino social y alimentaria, en el que se prevé pasar de 6 millones de personas atendidas en Servicios Sociales a más de 10 millones antes de acabar el año. El personal sanitario ha trabajado con una falta de seguridad absoluta. Esto no es de recibo cuando da la cara día a día tratando de salvar el máximo de vidas. La pandemia está siendo especialmente cruda en las residencias de mayores, un sector altamente privatizado (en torno al 85% son residencias privadas y cada vez más están en manos de fondos de inversión) en el que se lleva años denunciando el mal estado de las instalaciones y la situación del personal, escaso, saturado y mal remunerado. De hecho, la Fiscalía investiga a 38 residencias de España, 19 de ellas en Madrid, donde se ha producido la mayor mortandad (en torno al 70% de las muertes por COVID-19 de la región).
Queremos medidas de choque urgentes que aseguren la mejor atención para las personas que necesitan estos servicios, muchas de las cuales se han quedado excluidas (como por ejemplo el alumnado sin acceso a internet). Queremos la protección adecuada de quienes están en primera línea, de quienes nos han mantenido como sociedad, los denominados «servicios esenciales», especialmente el personal sanitario y de las residencias: demandamos recursos de protección individual y colectiva no defectuosos, test diagnósticos efectivos para personas trabajadoras y medios adaptados a las condiciones de crisis.
Queremos además la reversión de las privatizaciones y el aumento de la inversión para que los servicios públicos sean universales y de calidad, garanticen condicione laborales dignas y fomenten una sociedad más justa socialmente y sostenible ambientalmente. De esta crisis solo podemos salir si reforzamos los servicios públicos, por eso rechazamos los recortes y los planes de austeridad impuestos por la UE que llevamos sufriendo una década y que tanto estamos padeciendo ahora. Apostamos por la ampliación de lo público en ámbitos como la investigación, la vivienda, la banca, la energía renovable o las infraestructuras agroalimentarias, para asegurar que la recuperación económica favorece a la ciudadanía.
Por un futuro que cambie el presente,
Por un futuro para nuestras vidas con dignidad para todas,
Los servicios públicos son vida y dignidad.Pinta un corazón verde.
Un plan de choque social que ponga la vida en el centro.
