El pasado viernes 18 de diciembre se publicó en el BOE la Orden IET/2736/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el 2016. Precisamente la orden en la que están incluidos los peajes que pretenden servir para hacer pagar a la ciudadanía el desastre del proyecto Castor.
Este 2016 pagaremos en las facturas del gas aproximadamente 1500 millones de euros en la parte regulada. 100 de ellos, son cortesía del proyecto Castor. De hecho, los pagos a este proyecto són más de la mitad del total de retribuciones asociados a los peajes de los almacenes subterráneos de gas (AASS), que este año ascienden a los 170 millones de euros. El resto de conceptos/peajes se han incrementado también en 2016, pero la cantidad que responde a los AASS se han más que duplicado.
A pesar de que el gobierno anunció que la tarifa del gas bajará en 2016, cabe aclarar que este hecho respondería en todo caso a la congelación de los peajes (no los asociados a Castor, que sí que se incluyen). Ésta práctica tiene implicaciones a largo plazo que ya conocemos de la factura de la luz. El famoso déficit de tarifa existe también en el caso del gas, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya explicaba hace un año que la congelación de los peajes no hace más que sumar a ese déficit. Este año se congela la parte regulada de la factura (los peajes de acceso mencionados) por segundo año consecutivo, continuando con la dinámica de aplazar (que no disminuir) los pagos.
Por lo que respecta a los peajes asociados al proyectos Castor, cabe destacar que en los peajes de 2015 ya se asignaron 17, 31 millones de euros por el mantenimiento de la planta a cargo de Enagas: 1.592.873 € (por el mes de diciembre 2014) + 15.718.229 € (2015). Y ahora parece que este 2016 nos cobrarán 4,56 millones más por el mantenimiento que ESCAL UGS hizo mientras se producía el cambio de promotora (de ESCAL USG a Enagas) a finales de 2014:
“Se reconoce un importe de 4.561.868,37 de euros a favor de ESCAL UGS, S.L. en concepto de costes de mantenimiento y operatividad de las instalaciones, incurridos en el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares y el 30 de noviembre de 2014″
Es decir, más de 4 millones en menos de 2 meses. Sin olvidar que ESCAL UGS ya había cobrado 110 millones de retribución hasta 2012, y que en 2014 cobró los 1350 millones de indemnización, en menos de 30 días.
En las facturas de 2016, de los 100 millones asociados al proyecto Castor, 80 millones corresponden a los derechos de cobro que tienen los bancos Santander, Bankia y Caixa Bank por haber avanzado a Enagas el pago de la indemnización que ésta hizo a ESCAL UGS. Ahora los empezamos a pagar desde la ciudadanía, y con intereses. También se contemplan casi 16 millones para que Enagas continue con el mantenimineto y la operación de la planta, así cómo los 4,56 millones por este mismo concepto en 2014 (y asignados a ESCAL UGS) que se aplazaron en su momento probablemente para no generar mayor controversia.
Pasados algunos meses desde esta orden de peajes, la factura del almacén de gas submarino Castor continúa engordando con la aparición de nuevas órdenes de pago, la información de las cuales no ha sido facilitada por el Gobierno, sino por la prensa. A los importes ya detallados en este artículo se añadirán 295 millones por la retribución entre el decreto ley de octubre de 2014 y julio de 2015, un importe que se prevé será incluido en la factura del gas a partir de 2017.
Pero la controversia y la ilegitimidad están presentes a cada paso en este proceso. Siguiendo la tónica del proyecto Castor, de nuevo la población se encuentra con poca información y mucha celeridad, en especial por dejar cerrados los flecos sueltos antes de que se celebraran las elecciones. Las organizaciones que presentaron la campaña #NoPagoCastor, quieren hacer llegar su comunicado al Ministerio de Indústria entrante, para continuar presionando por el no-pago de esta deuda a cargo de la ciudadanía, y para que las instalaciones sean finalmente desmanteladas.