En julio 2025, en plena ola de calor, se celebró en Sevilla una conferencia de Naciones Unidas histórica, la 4.ª Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4 por sus siglas de inglés), con el Estado español como anfitrión. Una cita multitudinaria en la que se abordaron temas claves como la deuda soberana, la fiscalidad internacional, la financiación de la cooperación al desarrollo y la reforma de las instituciones financieras internacionales. Se reunieron unas 15.000 personas de 150 países, y, al término de la conferencia, las 70 jefes y jefas de Estado aprobaron el Compromiso de Sevilla, un documento que recoge los acuerdos de las negociaciones.

¿Por qué nos debería importar lo que pasó en la Conferencia FfD4? En primer lugar, porque la macroeconomía y las decisiones que se toman en los espacios internacionales impactan en la vida de millones de personas, en nuestra vida cotidiana, en nuestro bienestar y en el planeta. Daré dos ejemplos de estas interconexiones entre lo global y lo local y cotidiano. Por un lado, la relación entre la deuda pública y las políticas de austeridad, y, por otro lado, la relación entre impuestos y financiación climática. En segundo lugar, porque, a pesar de la potencialidad de llegar a acuerdos internacionales transformadores hacia la justicia global, experimentamos un bloqueo de las negociaciones por parte de nuestros propios gobiernos del Norte Global, en concreto la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y el grupo CANZ (Canadá, Australia y Nueva Zelanda).

Estados Unidos ni siquiera participó en la Conferencia FfD4 de Sevilla, lo mismo que brilló por su ausencia en la pasada COP30 de Brasil. Es un hecho recurrente en los espacios internacionales en los que se negocian las reglas del juego de la economía global: los países del norte global, y en concreto la UE, que son los que se benefician del actual sistema, bloquean propuestas transformadoras hacia un sistema que pueda funcionar mejor para el 99 % de la población y para el planeta, mientras que la administración de Donald Trump en EE. UU. deslegitimiza directamente los espacios de negociación internacionales. Como ciudadanas, tenemos que visibilizar y responsabilizar a nuestros gobiernos de sus políticas económicas injustas.

Deuda y austeridad

Con una deuda pública global que alcanzó los 97 billones de dólares en el 2023, el mundo nunca había estado tan endeudado. Según Erlassjahr, el 55 % de los 152 países analizados en el sur global están crítica o muy críticamente endeudados, en contraste con el 37 % de antes de la pandemia de la COVID-19. 4 El Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que el 75 % del PNB de la economía mundial —un tercio de los países del mundo que incluye las mayores economías nacionales— tiene mayores niveles de deuda, y esta crece más rápidamente que antes del 2020.

Estos elevados niveles de deuda hacen que los países del sur global sean más vulnerables. Los más empobrecidos dependen de la intervención del FMI y de préstamos condicionados que les obligan a pagar la deuda externa antes que invertir en ámbitos como la educación, la salud o la acción climática. Las estadísticas de la UNCTAD muestran que 19 países pagan más intereses por la deuda de lo que invierten en educación, mientras que 45 países pagan más intereses de lo que invierten en sanidad, según la UNCTAD. Al menos 48 países, con una población total de 3.300 millones de personas, no invierten lo suficiente en educación o salud a causa de la deuda.

Estas políticas de austeridad sitúan a las mujeres y las niñas en una triple desventaja: somos las primeras en perder el acceso a los servicios básicos (como la salud y la educación), las primeras en perder trabajos en la primera línea de los servicios públicos, y las primeras en tener que encargarse del trabajo de cuidados no remunerado, que aumenta cuando fallan los servicios públicos o cuando se producen desastres climáticos. La privatización de los servicios públicos los hace inaccesibles para la mayoría de las mujeres y niñas, siendo esta situación aún más grave para aquellas que sufren desigualdades múltiples por razón de origen, ingresos, clase, edad, discapacidad, indigeneidad, orientación sexual o identidad de género.

En cuanto a la deuda, todavía no existe un mecanismo internacional transparente y vinculante de reestructuración y cancelación para los países endeudados. En la práctica, la cancelación de la deuda externa de los países empobrecidos y la reforma de la arquitectura de la deuda global son temas que se tratan en espacios internacionales como los encuentros del FMI, del Banco Mundial, de la OCDE y del G20, pero son espacios no democráticos, en los que los países empobrecidos no tienen voto ni acceso a participar. Durante muchos años, los movimientos sociales y los países del
sur global han subrayado la necesidad urgente de un nuevo Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana 9 y de un mecanismo de renegociación de la deuda bajo el amparo de la ONU, fundamentado en los principios de préstamo y endeudamiento responsables. Los países africanos han estado especialmente implicados en este proceso.

Asimismo, a medida que los devastadores impactos de la crisis climática en África se intensifican, el tema de la deuda ha alcanzado un nivel sin precedentes en la agenda política africana. En 2024, por primera vez, la Unión Africana adoptó una posición común sobre la reforma de la deuda con la Declaración de Lomé. En 2025, durante la 4.ª Conferencia de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo, este grupo de países apoyó la demanda para un Convenio Marco de Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana. Sin embargo, esta creciente conciencia todavía no ha comportado reformas sistémicas significativas.

La Conferencia FfD4 de Sevilla hubiera podido ser un espacio histórico para la comunidad internacional, pero fue bloqueado sistemáticamente por los poderosos países acreedores: los países europeos (entre otros). Así, el Compromiso de Sevilla en materia de deuda no contempla seguir adelante con un Convenio Marco de Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana, sino que hace mención a un proceso intergubernamental que solo podrá hacer recomendaciones no vinculantes. La deuda y las políticas de austeridad no son solo un tema de los países del sur global, nos afecta a todas. La Comisión Europea, junto con la mayoría de los Estados miembros y el Parlamento Europeo (y muy en línea con las políticas del FMI), aprobó en abril de 2024 la reforma de la gobernanza económica de la Unión Europea —conocida como la reforma de las normas fiscales de la UE— por la que se acuerda mantener el techo de la deuda pública del 60 % y el techo del déficit público del 3 % del PIB. Después de haber congelado las normas fiscales europeas en marzo de 2020 debido a la pandemia de la COVID-19, los Estados miembros se endeudaron para hacer frente a la emergencia sanitaria y, más adelante, para responder a la crisis energética de 2022.

Actualmente, el Estado español acumula una deuda pública que representa el 103 % del PIB. ¿Pero de dónde viene esa deuda? La investigación de la European Network of Corporate Observatories (ENCO) revela que, entre 2020 y 2022, el Gobierno de España destinó 112.683 millones de euros del presupuesto estatal a medidas de emergencia anticrisis, de los cuales el 47 % se destinaron a empresas y solo el 7 % a medidas excepcionales para el sector de la salud, la educación y el transporte público. También se invirtieron miles de millones de euros en la recuperación económica pospandémica y en la transición de la economía en clave «verde» y «digital», con la ayuda de los fondos Next Generation EU. Se trata de fondos europeos de 800.000 millones de euros que se financian en gran parte mediante la emisión de eurobonos (deuda comunitaria), que deberán devolverse en un plazo de 10 a 30 años a los actores prestamistas del mercado financiero internacional.

En definitiva, en la UE y en el Estado español volvemos al camino de la austeridad 2.0 —esta vez adaptada a cada país miembro y con excepciones «verdes» y «securitarias»— de forma que se abre una ventana de inversión pública para sectores estratégicos de la economía como la tecnología, la transición energética, la industrialización «verde» y la industria militar. Notaremos los impactos
de los recortes en la medida en que el gobierno central implemente el Plan fiscal y estructural a medio plazo 2025-2028, que se envió a la Comisión Europea en octubre de 2024. Para cumplir con las reglas fiscales europeas, el Gobierno debe reducir la deuda pública al deseado 60 %. Puede hacerlo recortando en gastos públicos, volviendo a la época de la postcrisis financiera de 2028, o aumentando los ingresos a través de la recaudación, es decir, más impuestos para los que más tienen.

La Conferencia FfD4 de Sevilla hubiera podido ser un espacio histórico para la comunidad internacional, pero fue bloqueado sistemáticamente por los poderosos países acreedores: los países europeos (entre otros). Así, el Compromiso de Sevilla en materia de deuda no contempla seguir adelante con un Convenio Marco de Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana, sino que hace mención a un proceso intergubernamental que solo podrá hacer recomendaciones no vinculantes. La deuda y las políticas de austeridad no son solo un tema de los países del sur global, nos afecta a todas.

Impuestos y financiación climática

Actualmente, muchos países empobrecidos (y también países enriquecidos) tienen un potencial limitado para recaudar impuestos debido a las normas fiscales injustas establecidas por el club de países de la OCDE, que durante más de 60 años han mantenido un sistema que se adapta en gran medida a los intereses de los países más ricos y de las grandes empresas. Sin embargo, la política fiscal es central para un país para financiar gastos sociales necesarios sin tener que recurrir al endeudamiento público. Además, en un contexto de emergencia climática y eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, la capacidad fiscal de los Estados es crucial para paliar impactos, responder a las pérdidas y daños e invertir en adaptación climática. Desde la sociedad civil, se exige que se recaude de los que más tienen (como ultrarricos, empresas multinacionales o fósiles) a través de políticas fiscales progresivas con perspectiva de género y de justicia climática. Por ejemplo, se calcula que nuevos impuestos, como el que grava las ganancias extraordinarias, podrían recaudar potencialmente casi un billón de dólares al año, un impuesto sobre el 1 % a las personas más ricas podría recaudar potencialmente hasta 6,4 billones de dólares al año y un impuesto a las transacciones financieras podría recaudar hasta 650.000 millones de dólares al año.

La justicia fiscal también está en el centro de la financiación para el desarrollo y actualmente es uno de los debates más avanzados —desde una mirada de justicia económica global— en las Naciones Unidas. A pesar de la retirada de Estados Unidos en enero de 2025, el proceso para negociar un nuevo convenio de la ONU sobre cooperación fiscal internacional, que, entre muchos puntos, incluye un impuesto mínimo del 25 % sobre los beneficios de las empresas multinacionales, dio un importante paso adelante en enero 2025 con la aprobación de los Términos de Referencia para un Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional. Después de la última ronda de negociación en noviembre de 2025 en Nairobi, Kenia, el proceso avanza para negociar el contenido del nuevo convenio junto con dos protocolos iniciales, que deberían estar terminados a finales de 2027.

En la Conferencia FfD4 de Sevilla, los Estados miembros han apoyado la necesidad de acelerar las negociaciones para el convenio marco sobre impuestos. En el Compromiso de Sevilla, los Estados miembros mencionan la importancia de conectar los impuestos al objetivo de reducir las desigualdades, tener en cuenta una mirada de género, combatir eficazmente los flujos financieros ilícitos —por ejemplo, promoviendo medidas para eliminar paraísos fiscales o prácticas fiscales agresivas— e impulsar impuestos justos a las empresas multinacionales y personas más ricas. Ahora bien, queda pendiente traducir la declaración de intenciones en un texto ambicioso y legalmente vinculante para todos los Estados miembros de la ONU.

Avanzar en materia de justicia fiscal con justicia climática también es importante para las personas y los territorios del Estado español. En diciembre de 2024 se han podido experimentar las resistencias políticas y corporativas en contra de una reforma fiscal justa y verde. El Congreso de los Diputados no aprobó la permanencia del impuesto extraordinario a las empresas energéticas, aunque a través de este impuesto se recauden anualmente más de 1.500 millones de euros de las empresas multinacionales energéticas más contaminantes, como Repsol e Iberdrola. Estas empresas contaminantes son parte responsable de la emergencia climática y sus fenómenos extremos, como la DANA en Valencia.

En términos de pérdidas y daños, la DANA de octubre del 2024 causó 229 muertes y destruyó ecosistemas, infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, puentes, viviendas y vehículos. La catástrofe en el País Valencià pone de manifiesto la falta de preparación para responder a los efectos de la emergencia climática y las consecuencias dramáticas de una escasa previsión. Pero también evidencia un modelo cortoplacista que prioriza la acumulación de beneficios económicos y el capitalismo del desastre, tal y como muestra un análisis de los fondos públicos dedicados a la reconstrucción un año después de la DANA.  En este sentido, es importante hacer valer el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas: quien más ha contaminado y contribuido a la emergencia climática tiene la obligación de resolverla (y pagarla).

Actores visibles e invisibilizados

Volviendo a la Conferencia FfD4 de Sevilla, se ha mostrado (de nuevo) quienes son los actores poderosos que influencian las decisiones sobre las reglas y reformas del actual sistema económico y financiero. La propuesta de financiación al desarrollo se ha convertido directamente en una gran colaboración público-privada: el norte global ha reforzado la narrativa de que las finanzas y el capital privado «nos salvarán», que el rol de lo público es atraer, blindar y asegurar la inversión privada en proyectos de desarrollo, sean infraestructuras, salud, educación, etc. Todo ello a través de garantías públicas y marcos legislativos favorables que permitan la privatización de los servicios públicos. De hecho, mientras que la sociedad civil tenía su Foro Social dos días antes en un recinto apartado del sitio de la conferencia, la ONU permitió al sector privado organizar su Business Forum durante los mismos días de la conferencia en el mismo recinto de Naciones Unidas. Las complicidades ya no se ocultan, sino que los privilegios para el sector privado se han visto perfectamente a la luz del día, un tema recurrente de otros espacios multilaterales como la COP30. Así, no sorprende que el control de las finanzas privadas haya sido uno de esos temas tabú que se posponen para la próxima conferencia. Que, por cierto, todavía no tiene ni fecha.

Sin embargo, en la Conferencia FfD4 de Sevilla, también se manifestaron alianzas y dinámicas globales muy relevantes que van más allá de la financiación, y que ponen en jaque el statu quo. Las grandes protagonistas —invisibilizadas— han sido las alianzas entre Estados del sur global, en concreto el Grupo Africano, formado por los 54 Estados miembros, el Grupo de los Países más empobrecidos (LDC, en sus siglas en inglés) formado por 44 Estados miembros, y la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS en sus siglas en inglés), formada por 39 Estados miembros. Durante las negociaciones han apoyado demandas transformadoras claves, como la necesidad de crear un convenio marco de Naciones Unidas vinculante sobre deuda soberana y otro para la cooperación internacional al desarrollo; la necesidad de democratizar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dando voz y veto a los países del sur global; la necesidad de controlar los poderosos fondos de inversiones privados (como BlackRock, JP Morgan, etc.) y de regular las agencias de rating (como Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Rating). Por desgracia, estas demandas han sido finalmente rebajadas en el Compromiso de Sevilla, o directamente excluidas, en la última ronda de negociación que se llevó a cabo quince días antes de la conferencia a puerta cerrada.

Tal y como hemos visto en Sevilla, y se ha visto en Belém (COP30), hay un grupo reducido de países y de lobbies que van a continuar defendiendo su lugar de privilegio, haciendo políticas que mantienen y profundizan en el statu quo y en las desigualdades. Pero, tal y como vimos también en Sevilla, hay un grupo amplio y diverso —liderado por los países del sur global con apoyo de la sociedad civil organizada— que no se va a perder ni una y que está dispuesto a seguir presionando y trabajando para cambiar las reglas del juego. Porque nos va la vida y el futuro en ello. 

Este artículo ha sido cofinanciado por la Unión Europea. Sus contenidos son responsabilidad única del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y no reflejan necesariamente las opiniones de la Unión Europea.

The post Deuda, impuestos y financiación climática appeared first on ODG.

Nos encontramos en un contexto de crisis global —climática, económica, social, cultural— marcada por el aumento de la escalada bélica y una extrema derecha en auge que promueve y justifica actitudes y discursos de odio con total impunidad. Un contexto en que se extiende una ideología antiderechos, xenófoba, machista, negacionista y abiertamente fascista. De Palestina al B9 de Badalona, de Minneapolis a Torrepacheco, de la Argentina de Milei al Ripoll de Sílvia Orriols, todo bajo una misma estrella imperialista, securitaria y neoliberal que busca culpabilizar a las clases populares en vez de señalar las élites.

En este contexto, en nuestro país centenares de miles de personas ven vulnerados sus derechos esenciales, como la regularización administrativa, el acceso a la vivienda y a un trabajo en condiciones dignas, o sufren actuaciones policiales discriminatorias y perfilaciones raciales. Crecen las agresiones contra las mujeres y las personas LGBTIQ+, especialmente contra las personas trans y no binarias.

Pero no todo está perdido. Ante este panorama, hay movimientos de resistencia cada vez más fuertes. La larga lucha de RegularizaciónYa, que ha reunido y movilizado fuerzas muy diversas, ha obtenido una gran victoria; habrá que seguir presionando para hacerla efectiva. La fuerte resistencia y solidaridad en respuesta al desahucio racista de 400 vecinas y vecinos del instituto B9 de Badalona. En diferentes lugares del país, y especialmente en Salt, muchas familias, con el apoyo de los grupos de vivienda, están oponiéndose al racismo inmobiliario.

FIRMA EL MANIFIESTO Y SÚMATE A LA MANIFESTACIÓN

En todo el país, movimientos y redes están asumiendo la necesidad de combatir el racismo y la extrema derecha: en el mundo laboral, en la vivienda, en la educación, y otros muchos ámbitos. El movimiento de solidaridad con el pueblo palestino ante el genocidio también es símbolo de resistencia contra el racismo y la extrema derecha en todo el mundo.

Por eso, queremos demostrar que las personas que nos oponemos al odio somos mayoría. El próximo 28 de marzo salimos a las calles de Barcelona en respuesta al llamamiento global con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. El movimiento ecologista nos tenemos que sumar al llamamiento del 28M para demostrar que estamos del lado de las que defienden la vida.

The post 28M Las que plantamos cara al odio somos mayoría appeared first on ODG.

El punto de partida de nuestro viaje es la Unión Europea, y el foco, las tierras raras. Así, en esta serie titulada Un viaje a la ruta europea de las tierras raras nos desplazaremos a lugares tan remotos como el Círculo Polar Ártico sueco y la frontera rusa en Estonia, pasando por las realidades territoriales del último pueblo indígena europeo, y la influencia de la old school soviética en la novedad europea.

A estas alturas, es de sobras conocido el interés de las grandes potencias mundiales por las tierras raras. Este conjunto de 17 elementos químicos que se mantenían en el anonimato, ahora son motivo de disputa pública desde que Donald Trump las mencionó y las impuso como moneda de cambio en el acuerdo con Ucrania. A saber, China controla la cadena de suministro de las tierras raras, y eso le confiere un poder que perturba a Washington.

En la UE también se ha movido ficha desde que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, puso al mismo nivel de relevancia estratégica el litio y las tierras raras respecto el petróleo y el gas. Es conocido que la guerra de Ucrania disparó la búsqueda de rutas alternativas de suministro energético fuera de la órbita rusa, pero también de materias primas fundamentales, el input material necesario para la pretendida reindustrialización verde Made in EU que garantizaba el Reglamento de Materias Primas Fundamentales europeo (Critical Raw Materials Act) de marzo de 2024. Este documento representó un auténtico avance de la frontera extractiva que irrumpía, dentro y fuera de las fronteras de la UE, en la carrera global por conseguir litio, cobre, níquel, cobalto, manganeso, grafito y tierras raras, entre otros elementos químicos necesarios para las llamadas tecnologías limpias.

1. La fiebre por las tierras raras en el Ártico sueco
2. De la mina al imán
3. La voz del territorio

LEE EL ESPECIAL COMPLETO

The post Viaje a dos puntos estratégicos para las tierras raras en Europa appeared first on ODG.

Brasil quiere posicionarse como actor estratégico para la transición verde a escala global. La elevada producción de energías renovables lo sitúa como potencial productor y exportador de hidrógeno verde, principalmente a la UE. Además, alberga un listado de minerales críticos, como el niobio (actualmente produce el 92% del total global) o las tierras raras (se estima que tiene el 23% de las reservas mundiales).

Dado el trabajo del ODG sobre tierras raras y el seguimiento de las COPs, se planificó una gira de encuentros con comunidades del territorio previa a la cumbre, que tuvo lugar del 10 al 22 de noviembre. Así, del 27 de octubre al 11 de noviembre de 2026, un equipo viajó por territorio brasileño para encontrarnos con luchas de resistencia al extractivismo de tierras raras. Se tejieron nuevos vínculos, se intercambiaron saberes y se construyeron estrategias de movilización conjuntas. La gira pasó por los Estados de Bahía y Goiás, se hizo una parada en São Paulo para participar en el encuentro extractivista organizado con el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, y acabó en Belém, en el Estado de Pará.

Extremo Sur de Bahia: organización popular contra la minería

Después de encontrarnos con activistas del MAM, Movimiento por la Soberanía Popular de la Minería (Salvador de Bahía), para intercambiar experiencias de resistencia al extractivismo y entender el contexto político, fuimos al extremo sur de este estado. Allí, entre los municipios de Caravelas y Prados, organizamos una Escuela de Formación sobre tierras raras juntamente con el MAM y el MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra). Hay proyectos de tierras raras propiedad de Energy Fuels, una empresa de Estados Unidos que quiere extraer ilmenita, rútil, zircón y monazita. La empresa tiene permiso de exploración, pero aún no de extracción. Las diecisiete concesiones que ha adquirido esta multinacional afectan territorios del pueblo indígena Pataxó, así como zonas protegidas de pesca artesanal y varios asentamientos y terrenos del MST. Hasta ahora, el proyecto era poco conocido para las comunidades locales, pero gracias a la escuela se dio a conocer y empezaron a articular la resistencia.

En la escuela participaron cuarenta personas: miembros del MST, del MAM, regidores locales y representantes de comunidades indígenas. Compartimos el trabajo del ODG sobre minerales críticos, la experiencia de las comunidades de Madagascar que luchan contra Energy Fuels recogida en el informe Neocolonialismo en nombre de la transición verde, y proyectamos el documental “Las tierras, para vivir” (2025), que recoge las voces de personas que resisten a tres proyectos de extracción de tierras raras en Madagascar.

Por último lugar, fuimos hasta Caravelas, de la mano de una de las participantes de la escuela, para conocer una de las zonas que estaría directamente afectada por la construcción de infraestructuras para la mina. Allí pudimos conocer a uno de los pescadores artesanales de la reserva protegida.

São Paulo: Encuentro sobre colonialismo verde y transiciones postextractivistas

Continuamos la gira hasta São Paulo, para encontrarnos con miembros del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, en el marco del evento “Colonialismo verde y transiciones postextractivistas”. Júlia Martí, investigadora del ODG, hizo una ponencia en la mesa sobre Transformaciones Ecosociales y Futuros Postextractivistas el 5 de noviembre, en la que se trató la importancia del diálogo entre las luchas feministas y territoriales, y del potencial emancipador de transformar el sistema de cuidados y reproducción de la vida.

Goiás: de la minera de niobio a la amenaza invisible de las tierras raras

Desde São Paulofuimos a Catalao, en el Estado de Goiás, una zona que hace años que sufre los impactos de la extracción y procesamiento de niobio –un mineral que también se considera crítico, sobre todo por las aplicaciones militares, y del cual Brasil es el principal productor mundial (90% del total). Visitamos las minas de niobio existentes (a cielo abierto), que han desplazado a 1.500 familias campesinas desde sus inicios hace 50 años. Nos acompañó Marco, un campesino a quien desplazaron en sus inicios y que, ahora, sería desplazado de nuevo. Actualmente hay una mina de fosfatos y niobio, operada por Mosaico (Estados Unidos) y otra operada por China Molybdenum Corp (empresa china), que antes había sido propiedad de Anglo American. Las dos empresas han mostrado interés en extraer tierras raras de sus minas.

De hecho, en la zona hay un laboratorio de tierras raras de la administración de Goiás, el gobierno de Brasil y la universidad, un proyecto de este tipo único en Brasil. Aún así, la potencial amenaza que supone la extracción de tierras raras para el medioambiente, la vida cotidiana y la salud de las comunidades es invisible y, por ahora, no ha despertado grandes resistencias. Las tierras raras suponen un tema muy nuevo y hay poco conocimiento. La minería (hasta ahora, de niobio y fosfatos) es una realidad en la zona y las demandas de las comunidades consisten en mejores compensaciones y el derecho a decidir, pero no hay oposición frontal. Entrevistamos a Marco, campesino afectado, y a Ricardo, un investigador de la Universidad de Goiás (la capital), sobre minería. También proyectamos el corto documental “Las tierras, para vivir” en Goiás, y lo debatimos con un grupo de investigadores de la universidad.

Belem: movilización social para la justicia climática

La gira tuvo como destino final Belém, para participar en la Cumbre de los Pueblos, las movilizaciones para la justicia climática en la ciudad y hacer seguimiento comunicativo de la COP30. En Belém, nos acompañó una joven activista malgache, con quien compartimos espacios de movilización y trabajo en red. Entre otras, participamos en las acciones de la Campaña Debt For Climate y de la coalición Fossil Free Politics. También fuimos a la gran manifestación que llenó las calles de Belém el sábado 15 de noviembre para exigir justicia climática.

Después de esta experiencia, el ODG tenemos el compromiso de seguir colaborando con los colectivos que defienden sus territorios frente al extractivismo de tierras raras, así como facilitar el trabajo en red entre los pueblos de Madagascar y Brasil.

• Para más imágenes, aquí.
• Para más información sobre planes de hidrógeno verde y tierras raras, ver este artículo.

Con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo

The post Gira de encuentros antiextractivistas en Brasil 2025 appeared first on ODG.

En el espacio Administración se puso de relieve graves carencias en la planificación y gestión del riesgo ante las emergencias, especialmente en cuanto al urbanismo en zonas inundables, la carencia de coherencia entre informes técnicos y decisiones políticas, y la débil coordinación entre administraciones. Se criticó que muchas decisiones se toman de espaldas a la ciencia, condicionadas por intereses económicos, y que la legislación actual no mujer respondida a los riesgos reales del cambio global, más allá del cambio climático. También se señaló la necesidad de planes de actuación claros, información transparente y sistemas de alerta que no solo informen sino que orienten la acción, evitando a la vez la generación de miedo o falsas alarmas. Se remarcó la importancia de reforzar la prevención, revisar la ordenación del territorio con criterios más restrictivos, valorar el coste —económico y social— de no actuar, y proteger especialmente los colectivos más vulnerables.

A la vez, se destacó el papel clave del tejido comunitario y la necesidad de avanzar hacia un modelo de protección civil público-comunitaria. La comunidad tendría que estar presente desde el inicio en la elaboración de los planes, aprovechando su conocimiento del territorio y su capacidad de organización, como ya pasa con experiencias como los comités de reconstrucción o las ADF en la gestión de incendios. Se propusieron iniciativas como los Resilience Hubs en equipaciones públicas, con gestión comunitaria y sistemas autónomos de energía y comunicación, así como la replicación de las alertas a través de redes locales. Finalmente, se subrayó que la administración tiene que dejar de ver la sociedad civil como un contrapoder, ceder responsabilidades y capacidad de gestión, y ponerse realmente al servicio de la comunidad, tanto en la prevención como en la postemergencia.

En el espacio Comunidad se destacó la importancia de recuperar y sistematizar los aprendizajes de contextos recientes como el de València, así como de experiencias del Sur Global, como Moviac en El Salvador. Se hizo valer el papel de las redes comunitarias ya existentes y la necesidad de que la administración las reconozca y los transfiera recursos para poder prepararse adecuadamente. Estas redes pueden actuar como canales clave de información, como espacios desde donde organizar la ayuda y comunicar necesidades, y como estructuras con un conocimiento profundo del territorio, de las vecinas y de las necesidades concretas, especialmente en cuanto a las personas en situación de vulnerabilidad.

También se señaló que en aquellos territorios donde existían redes previas, la respuesta en las emergencias fue mejor, mientras que incluso las unidades de emergencia encontraron dificultades para actuar a causa del desconocimiento del territorio. En este sentido, se subrayó la necesidad de mejorar la comunicación entre redes y sectores, como por ejemplo ateneos, espacios comunitarios y federaciones vecinales, así como de generar más conciencia dentro de los espacios comunitarios. Finalmente, se remarcó la importancia de garantizar la participación de la población en la elaboración de los planes de emergencia municipal.

las redes comunitarias pueden ser canales clave de información, espacios desde donde organizar la ayuda y comunicar necesidades, y estructuras con un conocimiento profundo del territorio, de las vecinas y de las necesidades concretas, especialmente en cuanto a las personas en situación de vulnerabilidad

En el espacio Ciencia se destacó, en primer lugar, la necesidad de fomentar el trabajo interdisciplinario como herramienta clave para afrontar los retos actuales, así como la importancia de construir un lenguaje común que permita el entendimiento y la colaboración efectiva entre disciplinas diversas. Esta necesidad se vinculó estrechamente con la transferencia de conocimiento, entendida no solo como un ejercicio de comunicación, sino también como un proceso de sensibilización y de creación de puentes entre la ciencia y la comunidad.

En este marco, se subrayó que la transferencia de conocimiento no debería ser unidireccional, sino que debería facilitar espacios de interacción y diálogo, lo que permite el intercambio entre el mundo científico y la sociedad. Esto condujo a la reflexión sobre el papel de la ciencia en la toma de decisiones, poniendo sobre la mesa la cuestión de cómo el conocimiento científico bote y tiene que acompañar estos procesos.

De los espacios de debate y cierre se pueden extraer algunas conclusiones:

1. La realidad estructural. Según el ámbito, se apunta el urbanismo, la ordenación del territorio, las zonas inundables, los refugios climáticos; o se denomina como intereses económicos, modelo económico o sistema capitalista. La realidad es que la intervención en las emergencias se da en una realidad estructural que no le es favorable.
2. Hay que mejorar la coordinación entre los tres ámbitos pero también dentro de los mismos ámbitos, es decir, las diferentes ramas de la academia, las diferentes administraciones públicas y los diferentes grupos sociales implicados.
3. Hay una ausencia de la Comunidad como uno de los espacios de referencia por la respuesta de emergencias. La “unidad de referencia” suele ser los individuos, la ciudadanía, la familia, pero no se apela al tejido comunitario porque no está muy identificado.
4. Hay que seguir innovando en modelos de gobernanza compartida que permitan articulaciones más complejas entre los actores de la sociedad civil, la academia y la administración pública, por ejemplo, a través de colaboraciones público-comunitarias.

Intervenciones desde el ámbito administrativo, científico y comunitario

Compartimos algunas de las ideas clave recogidas durante el espacio formativo de la jornada que llevamos a cabo el diciembre pasado.

Carme Llasat Botija, catedrática de Física de la Atmósfera del Departamento de Física Aplicada de la Universitat de Barcelona y presidenta del Observatorio de la Inundabilidad, ha explicado que la fórmula del riesgo depende de tres factores: la peligrosidad, la vulnerabilidad y la exposición. Hoy en día, se identifican un gran número de fenómenos meteorológicos extremos, también en Cataluña, que comportan la creación de nuevos protocolos de protección civil. Por ejemplo, las inundaciones que nos afectan son repentinas y con tiempos de respuesta muy cortos.

El impacto del cambio climático antropogénico ha causado una subida de temperatura. Actualmente, se encuentra en 1,6 °C respecto al periodo preindustrial. ¿Qué implica? Tenemos un aumento de la evaporación y la evapotranspiración, algo vinculado muy directamente a la sequía. Ahora son más intensas. La evaporación más grande provoca un aumento de la masa de agua en la atmósfera, y esto puede comportar una cantidad más elevada de lluvia, pero que cae irregularmente. También tenemos un aumento de la temperatura del mar, favoreciendo el calentamiento de la masa de aire y la pérdida de vapor. Todo ello contribuye al nacimiento de grandes tormentas. Sobre cómo afrontar estos fenómenos, Llasat señala que necesitamos garantizar la capacidad de detección, seguimiento, análisis, predicción, para después poder hacer la alerta, diseminarla; y la preparación y capacidad de respuesta. Todo ello son momentos de un cronograma que tiene que estar activo durante todo el año, a disposición de las emergencias sobrevenidas o de las cuales podemos tener cierta previsión.

Para Montserrat Font Fabra, jefe del Servicio de Gestión de Emergencias del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT, la ciudadanía tenemos derecho a recibir información y participar en las emergencias, y unos deberes de autoprotección y de actuación. Hay que tener en cuenta todas las fases de actuación, que incluyen la planificación, la formación y el traspaso de información en la población, la previsión (Servicio Meteo, ACA, etc.). Y si hace falta, entonces toca activar los planes de emergencias, pero que tienen que llegar con todo el trabajo previo hecho si queremos garantizar el bienestar colectivo.

Sergi Varela Pertegàs, docente e investigador del Departamento de Psicología Social y Psicología Cuantitativa (UB), ha hecho la última intervención formativa. La sociedad percibe el riesgo o procesa la información del riesgo de manera emocional o cognitiva que pasa por toda una serie de criterios vinculada a creencias, sesgos o heurísticos. Pero la mayor parte de la percepción del riesgo es social en relación con la creación de significados sobre el entorno y sobre las situaciones y compartirlos. Por lo tanto, hay una construcción social del riesgo.

No podemos estar permanentemente en alerta, nuestros cuerpos y nuestras mentes no pueden sostenerlo. Pero como la percepción del riesgo es de construcción social, la comunidad puede reforzarla al alza o a la baja. Si trabajas la construcción social del riesgo, es más fácil que se pueda afrontar de manera comunitaria.

The post Fenómenos meteorológicos extremos e intervención en la emergencia appeared first on ODG.

Si pensamos en el Círculo Polar Ártico desde nuestras latitudes nos invaden las imágenes de paisajes blancos y despoblados, donde el rigor climático da ventaja a una naturaleza prístina e inalterable. Pero el Ártico también es territorio de explotación de recursos, desde Alaska hasta la península de Yamal. Y Kiruna no es una excepción. Es imposible llegar a esta ciudad y no percibir que está atravesada por la historia de la minería.

Kiruna fue fundada a finales del siglo XIX cuando se construyó la línea ferroviaria entre Gällivare y el puerto de Narvik en Noruega, para explotar las inmensas vetas de hierro de las montañas de Luossavaara y Kiirunavaara. Actualmente produce el 80% del hierro europeo. Como suele suceder, la actividad extractiva eclipsa otras cosas que suceden en paralelo: el reclamo turístico de las auroras boreales y los paisajes nevados, y la vida del único pueblo indígena europeo: los Sámi. La compañía nacional minera LKAB, que toma sus dos primeras iniciales de las dos montañas antes mencionadas, ofrece tours turísticos para visitar la mina de hierro subterránea más grande del mundo, un auténtico publirreportaje de las bonanzas de la empresa. Los Sámi, en cambio, luchan por tener visibilidad y agencia a través del museo y hotel Samegården en la misma ciudad o en el museo de Jukkasjärvi , a 20 kilómetros de Giron –literalmente, perdiz blanca, la denominación del pueblo sámi para Kiruna–, lugares de visita obligatoria para aquellos que quieran conocer más del paisaje humano de la región.

En enero de 2023 saltaba la noticia de que LKAB había descubierto el mayor depósito de tierras raras de Europa. Su CEO, Jan Moström, no tardó en decir que eran buenas noticias para “la región y los suecos, pero también para Europa y el clima”. Y añadió: “Padecemos un problema de suministro. Sin minas no hay coches eléctricos”, dijo apelando a las dependencias del exterior y al vínculo interesado entre la actividad económica de su empresa y el futuro de la transición ecológica basada en tecnologías limpias.

La fiebre por las tierras raras en el Ártico sueco

Desde la vivencia en primera persona, Karin K Niia, portavoz y propietaria de un rebaño de renos de la Comunidad Sámi de Gabna, nos cuenta cómo resiste el pueblo sámi a la fiebre por las tierras raras. «Estamos enfrentando las consecuencias del Reglamento y de las decisiones tomadas por la Unión Europea. Dos de los proyectos afectan a mi comunidad. Uno es el depósito de tierras raras de Per Geijer, que está aquí en Kiruna. Y el otro es Talga, Nyunjasvara, para la extracción de grafito. La compañía LKAB ha presentado números nuevos con respecto a la mina existente en Kiruna y la consecuencia es que dos terceras partes de la ciudad tienen que ser demolidas y la gente tiene que dejar sus casas».

No era el plan inicial: a causa de la ambición del extractivismo, se ha ampliado y más de 6.000 personas tendrán que irse debido a la expansión de la mina durante la próxima década. «Y, por supuesto, estas personas tienen que vivir en algún lugar. El terreno donde van a construir es el terreno que necesitamos para el pastoreo de renos. Así que esta noticia nos ha puesto en una situación aún peor que hace pocos meses. Y luego tenemos la reapertura de la mina de cobre. La zona de los aerogeneradores, en las afueras de Kiruna, es el lugar donde la compañía Viscaria empezó a abrir la antigua mina de cobre, bombeando agua contaminada de la explotación en el agua potable, que es necesaria para nosotros como humanos, pero también para los renos. Además, han expandido sus planes para la mina y han obtenido nuevos permisos para investigar y minar en otros lugares cercanos. Así que, en general, la situación se ha vuelto aún peor», explica.

El extractivismo en Kiruna: «Más de 6.000 personas tendrán que irse debido a la expansión de la mina durante los próximos 10 años»

Pero la apuesta por los recursos de Groenlandia o Suecia no tendrían sentido sin las capacidades industriales de Estonia, una mezcla de know-how soviético e inyección de dinero público europeo que la posicionan en un lugar privilegiado para el procesamiento de tierras raras y la fabricación de imanes permanentes. La creación de cadenas de suministro de las tierras raras, lo que en el argot industrial se podría llamar ‘de la mina al imán’, fuera de la órbita china es un asunto de alta prioridad para la Unión Europea. Prácticamente al mismo tiempo que se descubría el depósito de Per Geijer en Kiruna, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaraba que el desarrollo de la minería de tierras raras en Groenlandia y la capacidad de procesamiento en Estonia permitirán la primera cadena de suministro europea «de la mina al imán» europea. Pocos meses después se firmaba un acuerdo de asociación estratégica con Groenlandia sobre “cadenas de valor sostenibles de las materias primas”.

La ruta europea de las tierras raras es un trayecto aún por consolidar, pero no hay dudas del interés de Bruselas en conseguir que funcione. A saber, los impactos sociales, ambientales, la inyección de recursos públicos a empresas privadas, etc. son daños colaterales que se deben asumir para conseguir el bien superior: la descarbonización. 

Pero el fin no justifica los medios. Si bien es cierto que la relocalización de las cadenas de suministro de materias primas a Europa puede ser visto como un ejercicio, no solamente de autonomía estratégica, sino de responsabilidad y justicia global, no es menos cierto que reproduce patrones extractivistas a la interna y genera una larga batería de preguntas: ¿hay que trasladar el pueblo de Kiruna para ampliar la mina o hay que reducir el ritmo de extracción minera? ¿Se debe abrir el depósito de Per Geijer o se puede evaluar la demanda de tierras raras para saber si es estrictamente necesaria más extracción primaria? ¿Conservamos y ensalzamos el legado ancestral de la cultura Sámi o damos prioridad a la actividad extractiva? ¿Alimentamos con fondos públicos el procesamiento de tierras raras y la fabricación de imanes permanentes, aunque alimenten a la industria de defensa?

Desde Kiruna hasta Luleaͦ y desde Sillamäe hasta Narva, la proyección de la cadena europea de suministro de tierras raras tiene más que ver con un ciclo de expansión que con una transición verde. Un razonamiento bien distinto sería plantear una reconversión industrial que tuviera en cuenta una drástica reducción de la demanda de materias primas, una apuesta decidida por el reciclaje o extracción secundaria y, bajo la premisa de la extracción indispensable, una democratización de la producción primaria y del flujo de materiales. 

De la mina al imán

The post La ruta europea de las tierras raras appeared first on ODG.

Una semana después de que la UE firmara su primera Asociación para el Comercio Limpio y la Inversión con Sudáfrica, centrada en el hidrógeno «verde» y los minerales críticos, 134 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo están pidiendo en la UE y a sus Estados miembros que supriman sus planes de importación de hidrógeno «verde» neocolonial.

La UE tiene previsto importar 10 millones de toneladas de hidrógeno «verde» para 2030 de países como Sudáfrica, Chile y Namibia. Sin embargo, en una carta abierta publicada hoy, los grupos advierten que el plan replica las injusticias de la era de los combustibles fósiles, sacrificando las comunidades del Sur Global para los objetivos de descarbonización de Europa.

De acuerdo con la carta, la lucha de la UE por el hidrógeno tendrá consecuencias devastadoras para las comunidades dondequiera que tenga lugar. Los proyectos de hidrógeno orientados a la exportación a gran escala requieren grandes cantidades de tierra y agua, dando lugar a la captura generalizada de tierras y agua, a menudo sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales.

Yegeshni Moodley, activista por el clima y la energía en GroundWork y uno de los coautores de la carta abierta, dijo: «los planes de hidrógeno de Europa huelen a colonialismo verde, ofreciendo poco beneficio tangible para acoger países como Sudáfrica, robando a las comunidades sus recursos disponibles para la transición a una energía limpia y segura».

Estos impactos se exponen en un nuevo documental de Corporate Europe Observatory, estrenado en Bruselas el 27 de noviembre, que cuenta con entrevistas a comunidades sudafricanas en las líneas de frente de proyectos de hidrógeno propuestos.

Mientras que la UE habla de hidrógeno verde fabricado con electricidad renovable, los activistas también temen que sea un caballo de Troya para el hidrógeno fabricado con combustibles fósiles, ya que no habrá suficiente electricidad verde para producir hidrógeno y descarbonizar la economía.

Pascoe Sabido, investigador y activista del Corporate Europe Observatory y uno de los coautores de la carta abierta, dijo: «La UE quiere importar grandes cantidades de hidrógeno «verde» por descarbonizar su propia economía, pero ha ignorado totalmente las voces de los directamente afectados por los proyectos. Necesita desguazar sus planes poco realistas y empezar a escuchar las comunidades de primera línea en lugar del lobby del hidrógeno, que es poco más que la industria de los combustibles fósiles disfrazada.»

UE, decimos no a las importaciones de hidrógeno verde

134 organizaciones de la sociedad civil exigen a líderes de Europa que hagan marcha atrás respecto al objetivo de la UE de importar 10 millones de toneladas de hidrógeno «verde» para 2030 y que termine con todo el apoyo a las importaciones de hidrógeno «verde». En vez de eso, los gobiernos de la UE deben cumplir con los objetivos climáticos a través de esfuerzos domésticos y haciendo una transición justa rápida para abandonar los combustibles fósiles.

La Unión Europea pretende importar 10 millones de toneladas de hidrógeno verde para 2030 de países como Chile, Colombia, Marruecos, Namibia, Túnez y Sudáfrica. Este objetivo, promovido de manera agresiva por los intereses empresariales, la industria fósil y sus grupos de presión, es poco realista. Por otro lado, es injusto, ineficiente y se basa en un modelo neocolonial que da prioridad a las agendas energéticas europeas que no tienen en cuenta los derechos, las necesidades y el porvenir de las comunidades del Sur Global. Y a pesar de la promesa de aumentar la seguridad energética de la UE, cambiar de una materia prima importada por otra solo conducirá a Europa a una mayor dependencia de terceros. La UE no puede afirmar estar liderando una transición verde justa mientras contribuye al colonialismo energético fuera de sus fronteras.

Más de 80 grupos de África, Europa y el resto del mundo ya se han negado al Corredor SoutH2, destinado a transportar hidrógeno desde el norte de África hasta Alemania. Estos grupos consideran que el problema no se limita a un solo hidroducto/gaseoducto, sino que expusieron las deficiencias de los proyectos de producción de hidrógeno a gran escala orientados a la exportación. Asimismo, pidieron a los gobiernos que “dejasen de invertir en proyectos de producción y transporte de hidrógeno que impiden la construcción de un modelo energético justo para las comunidades en Europa y África”. El problema tampoco se limita a un solo continente.

La producción de hidrógeno verde a gran escala, ocurra donde ocurra, necesita de ingentes cantidades de suelo, agua y energía renovable. Para los países productores, esto implica desplazar a comunidades, expropiar tierras, sobreexplotar recursos hídricos ya de por sí escasos y redirigir la energía renovable que podría usarse para el desarrollo local. Todo esto se lleva a cabo a expensas de alcanzar los objetivos de descarbonización europeos y sin ofrecer casi ningún beneficio a las comunidades afectadas sobre el terreno. Si el hidrógeno verde debe desarrollarse, debería producirse para el consumo local, no para las industrias europeas. No obstante, la energía renovable debe, ante todo, usarse para cubrir las necesidades y los derechos locales; y no como una mera materia prima que debe extraerse y transportarse a otras regiones del planeta. Europa no puede llevar a cabo la transición de su propia economía a costa de las del Sur Global.

Por qué decimos no a las importaciones de hidrógeno verde

Repercusiones para las comunidades de los países productores

• Expropiación de suelo y recursos hídricos: los proyectos de hidrógeno centrados en la exportación requieren enormes cantidades de suelo y recursos hídricos, que suelen adquirirse mediante la expulsión de las comunidades locales sin un consentimiento previo, informado y libre.
• Acceso a la energía: la infraestructura de energía renovable no se está construyendo para el beneficio local, sino para los mercados europeos, a pesar de que las poblaciones locales a menudo carecen de un acceso adecuado a la energía.
• Ausencia de empleos locales dignos o desarrollo real: a pesar de las promesas de los gobiernos y las grandes empresas, estos proyectos crearán pocos puestos de trabajo y no conseguirán contribuir de
  manera significativa a las economías locales. Al mismo tiempo, destruirán los medios de subsistencia existentes.

Un modelo neocolonialista y extractivista

• Una transición injusta: estas importaciones ahondan en unas prácticas extractivistas, mediante las cuales se están tomando recursos naturales del Sur Global para alimentar las economías del Norte Global, sin que estas asuman los costes sociales, medioambientales y económicos.
• Omnieuropeo: la mayoría de las empresas involucradas serán europeas, así como la tecnología y los consumidores. Por lo tanto, los beneficios también serán “europeos”, pues engrosarán los bolsillos de unas pocas grandes multinacionales.
• Deuda y riesgo en los países productores: los países del Norte Global proporcionan principalmente préstamos y garantías para las compañías y los bancos europeos, mientras que se espera que los
  gobiernos en los países productores utilicen fondos públicos para proporcionar la seguridad legal necesaria para reducir el riesgo de las inversiones privadas. Por lo tanto, aumentan los niveles de deuda
  de los gobiernos del Sur Global, cuyas finanzas públicas ya tienen dificultades de por sí.

Respaldo de una economía basada en los combustibles fósiles

• Un caballo de Troya para los combustibles fósiles: las empresas petroleras y gasistas promocionan públicamente el hidrógeno verde mientras que por otro lado se aseguran de que el hidrógeno fósil se
  considere “limpio” y “bajo en carbono”. Así prolongan la extracción de gas fósil y consolidan tecnologías fallidas como la captura y almacenamiento de carbono (CCS).
• Ningún cambio para los grandes contaminadores: los contaminadores que dependen de los combustibles fósiles, como ArcelorMittal, han prometido usar hidrógeno verde en el futuro para no cambiar sus prácticas actuales.
• Alargar la vida de la infraestructura fósil: la denominada infraestructura “lista para usar hidrógeno” se está usando para transportar, almacenar y quemar gas fósil, algo que seguramente continúe durante el futuro próximo.
• Retraso de la transición: en lugar de ir retirando gradual y rápidamente el carbón, el petróleo y el gas fósil e invertir en sistemas de energías renovables locales, democráticas y de propiedad pública, la UE
  sigue manteniendo a las compañías fósiles al mando de la transición energética.

Sinsentido económico

• Caro e ineficiente: producir y exportar hidrógeno verde para transportarlo a largas distancias no es viable económicamente. Exige cuantiosas subvenciones y altos costes en infraestructura.
• Pagado por los contribuyentes y las comunidades locales: los contribuyentes europeos financiarán las importaciones de hidrógeno y se verán expuestos a una mayor inseguridad energética y a desastres
  climáticos. En el Sur Global, las comunidades lo pagarán a través de la pérdida de tierras, escasez de agua y deuda a largo plazo. Mientras tanto, las grandes empresas se lucran por partida doble.

Pedimos a la Unión Europea y a sus Estados miembro que:

1. Abandonen el objetivo de 10 millones de toneladas de importaciones de hidrógeno verde para 2030 y se comprometan a alcanzar los objetivos climáticos nacionales mediante esfuerzos internos y el
   abandono gradual, pero acelerado, de los combustibles fósiles.
2. Retiren todas las subvenciones públicas y ayudas económicas a la infraestructura de importación de hidrógeno verde, así como a los proyectos de producción de hidrógeno fuera de sus
   fronteras orientados a la exportación.
3. Apoyen a los países del Sur Global con sus propias transiciones justas, basadas en la sostenibilidad y la justicia social para garantizar una democracia energética local. Los grandes contaminadores deberían pagar por la crisis climática que han provocado.

La UE no debe buscar una transición verde que replique las injusticias de la era de los combustibles fósiles. Las importaciones de hidrógeno verde son una falsa solución que sirve los intereses corporativos e incrementa la desigualdad entre el Norte y el Sur Global. Las políticas relacionadas con el hidrógeno verde no deberían estar en el centro de acuerdos de libre comercio, acuerdos en políticas energéticas o de comercio e inversión limpios. Una transición energética verdaderamente justa debe darse a escala mundial —no europea— y debe centrarse en la ciudadanía y las comunidades, no en los beneficios de las empresas. Exigimos un futuro energético basado en la justicia climática y la equidad para todos y todas.

No a las importaciones de hidrógeno verde. No al colonialismo energético. Sí a unos modelos energéticos justos para las comunidades del Sur Global, de Europa y del resto del mundo.

Artículo original y contacto con prensa

The post Di a la UE no a las importaciones de hidrógeno verde appeared first on ODG.

A la vegada, la negligència institucional en alguns casos, i les limitacions d’una administració debilitada pels efectes del neoliberalisme en els serveis públics, ha situat l’autoorganització veïnal com a garant de la resposta immediata davant del desastre. El suport veïnal, les brigades voluntàries o l’enviament de material, tant fa més de 20 anys amb el desastre del chapapote a Galícia, com fa 1 any amb la Dana al País valencià o fa uns mesos amb els incendis a la península ens recorden com en moments de catàstrofe, el sentiment de comunitat emergeix i dona resposta a les necessitats més immediates.

Tot i les fortaleses de les estructures populars i associatives que han estat capaces de reaccionar amb rapidesa, ens hem vist limitades, per manca de preparació col·lectiva, per desconeixement, per falta de material i coordinació. Quins són els marges de millora de la resposta col·lectiva al desastre? Com podem enfortir les capacitats de la ciutadania i de les organitzacions i col·lectius? Quines potencialitats i quins límits té? Sols el poble salva el poble? O és necessària una coordinació público-comunitària?

De tot això en volem parlar en l’esdeveniment «Com enfortim la resposta comunitària al desastre?». Volem crear un espai per compartir aprenentatges, errors, preocupacions i desitjos, que pugui iniciar un debat sobre el paper dels moviments, les organitzacions i les entitats socials davant les emergències. 

La recurrencia y virulencia de los fenómenos meteorológicos extremos y otros acontecimientos relacionados con la crisis climática, han aumentado de manera muy visible en la última década. A pesar de que el diagnóstico climático ya apuntaba hacia esta nueva y dura realidad, cada episodio parece superar la capacidad de previsión e intervención.

Los últimos acontecimientos vividos, desde la sequía y el incremento de las olas de calor en Cataluña, la DANA en el País Valèncià o los incendios forestales de este verano en Cataluña, Madrid, Extremadura, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, y las recientes inundaciones en Alcanar; han tenido consecuencias trágicas y demuestran que su magnitud necesita la reconsideración y profundización de las estrategias de intervención.

A su vez, la negligencia institucional en algunos casos, y las limitaciones de una administración debilitada por los efectos del neoliberalismo en los servicios públicos, ha situado la autoorganización vecinal como garante de la respuesta inmediata después del desastre. El apoyo vecinal, las brigadas voluntarias o el envío de material, tanto hace más de 20 años con el desastre del chapapote en Galicia, como hace 1 año con la Dana en el País valencià o hace unos meses con los incendios en la península nos recuerdan como en momentos de catástrofe, el sentimiento de comunidad emerge y da respuesta a las necesidades más inmediatas.

A pesar de las fortalezas de las estructuras populares y asociativas que han sido capaces de reaccionar con rapidez, nos hemos visto limitadas, por falta de preparación colectiva, por desconocimiento, por falta de material y coordinación. ¿Cuál es el margen de mejora de la respuesta colectiva al desastre? ¿Cómo podemos fortalecer las capacidades de la ciudadanía y de las organizaciones y colectivos? ¿Qué potencialidades y qué límites tiene? ¿Solo el pueblo salva el pueblo? ¿O es necesaria una coordinación público-comunitaria?

De todo esto queremos hablar en el espacio de debate «Como fortalecemos la respuesta comunitaria al desastre?». Queremos crear un espacio para compartir aprendizajes, errores, preocupaciones y deseos, que pueda iniciar un debate sobre el papel de los movimientos, las organizaciones y las entidades sociales ante las emergencias.

Dia: Jueves 11 de diciembre
Hora: 18:30h-20:30h
Lugar: Sala d’Actes del BLOC 4 (Can Batlló. Barcelona)
Con la participación de:

Rut Moyano, Comitè Local d’Emergència i Reconstrucció de Benetússer
Toni Valero, del Comitè Local d’Emergència i Reconstrucció d’Alfafar
Dra. Venecia Butler Pérez, coinvestigadora de «Enraizando ante la crisis climática», sobre salud mental y crisis climática en Puerto Rico
Alfons Pérez, investigador en energia y clima del ODG

Modera Txell Rigol, periodista de La Directa

The post Evento | ¿Cómo fortalecemos la respuesta comunitaria al desastre? appeared first on ODG.

Artículo de Clàudia Custodio Martínez, investigadora en justicia climática del Observatori del Deute en la Globalització

La Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en su trigésima edición (popularmente conocida como la COP30) acabó la tarde del sábado 22 de noviembre con un día entero de retraso y mucho descontento. La sensación de vacío al acabar una cumbre es recurrente. Dos semanas de reuniones, protestas, carreras por pasillos sin luz, temperaturas tropicales y aires acondicionados exageradamente desajustados se acaban con acuerdos decepcionantes. ¿Qué ha pasado en Belém, la ciudad brasileña que nos acogía? ¿Podemos decir que se ha avanzado en la lucha contra el cambio climático?

Las cumbres por el cambio climático, que se celebran desde 1995, son el único espacio de coordinación entre países para ponerle remedio. Todos los estados del mundo (reconocidos por las Naciones Unidas) tienen voz y las decisiones se adoptan por consenso. Además de los países, participan organizaciones de la sociedad civil, empresas, universidades, representantes de gobiernos locales, medios de comunicación… en calidad de observadores. Aun así, después de treinta años con avances insuficientes y en un contexto de escalada de las tensiones geopolíticas, las COP han perdido legitimidad. La retirada de los Estados Unidos, el principal emisor histórico de gases de efecto invernadero, es una muestra más de cómo el multilateralismo se tambalea. Es en este contexto en el que hay que entender los resultados de la COP30. El rol de la presidencia, que este año ha sido Brasil, es navegar por las diferencias entre países para conseguir llegar a acuerdos y avanzar hacia los objetivos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

Esta cumbre se ha caracterizado por su opacidad en el proceso

En contraste con la gravedad de la crisis climática, los acuerdos de las cumbres del clima se caracterizan por la ambigüedad y la falta de concreción. Las decisiones por consenso aguan los textos hasta que son aceptados por todas las partes. Visto desde fuera, cuesta de entender que la batalla sea sobre los verbos y conceptos que aparecen en el texto final. El lenguaje, en el ámbito de las Naciones Unidas, sí que importa. Un análisis de Carbon Brief del acuerdo marco (el Mutirao) de esta COP lo explica muy bien: de 101 verbos, 69 no son activos. Eso quiere decir, básicamente, que implican no tener que hacer nada. Por ejemplo: “Reconocer la importancia de la ciencia del IPCC para la acción climática” quiere decir eso, “reconocerla”, no actuar en consecuencia.

El incendio del penúltimo día de negociaciones añadió dramatismo a una COP que, ante la falta de información, estaba perdiendo interés mediático. Efectivamente, esta cumbre se ha caracterizado por su opacidad en el proceso: las negociaciones a puerta cerrada se han justificado como shuttle diplomacy (que se traduciría como “diplomacia de lanzadera”) por parte de la presidencia, una estrategia para negociar entre países con tensiones geopolíticas evidentes. Este método ha obstaculizado el trabajo de las observadoras, que no hemos podido acceder a los textos que se tenían que aprobar antes de las versiones más o menos finales. A su vez, tampoco ha servido para desencallar los temas controvertidos.

A alguien que no siga las negociaciones de las COP, le puede sorprender que la causa principal del calentamiento global —la quema de combustibles fósiles— no sea parte de los acuerdos finales. Esto no es una novedad de esta cumbre; de hecho, ni siquiera los menciona el Acuerdo de París. Ahora bien, en la COP28 de Dubai se consiguió reconocer la voluntad de “transicionar para dejar atrás los combustibles fósiles” (en inglés, transition away from fossil fuels). En esta cumbre, Lula anunció que tendríamos una hoja de ruta para implementar esta transición. La pugna para conseguirlo ha quedado en papel mojado: a pesar de que más de 80 países se mostraron a favor, las 193 partes negociantes no llegaron a un consenso (por la oposición de países como Rusia o Arabia Saudí) y ha desaparecido cualquier referencia a los combustibles fósiles. Todo el mundo se quedó conmocionado en la plenaria final, cuando Colombia dijo que rechazaba aprobar el programa de trabajo de mitigación (el paquete que en principio debía servir para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero) si no incluía el reconocimiento de que los combustibles fósiles se tienen que abandonar para conseguirlo. Después del alboroto y una hora de pausa para hacer consultas, la presidencia desestimó la solicitud de Colombia, alegando que se había expresado tarde y que, por lo tanto, los documentos ya estaban aprobados. Por su parte, Colombia ya había anunciado que organizaría el primer congreso internacional para abandonar los combustibles fósiles… Y que vaya quien quiera.

Tampoco se ha conseguido garantizar la financiación necesaria

Otro de los temas centrales de esta COP era acordar una lista de indicadores para medir la adaptación al cambio climático. Finalmente, se han aprobado 59, que varios países consideran insuficientes y poco concretos. Además, tampoco se ha conseguido garantizar la financiación necesaria: adaptarnos al cambio climático es una cuestión de supervivencia y sí, cuesta dinero. Lo sabemos muy bien cuando hablamos de adaptar edificios para que se conviertan en refugios climáticos o de prevenir desastres como la dana que arrasó el País Valenciano. Aun así, los países del Norte Global se han negado a comprometerse a aportar lo que se pedía. El texto final hace un llamamiento a los países enriquecidos a triplicar los fondos existentes para la adaptación hasta 2035, sin especificar cuál es el punto de partida y usando un lenguaje muy vago.

Brasil no ha conseguido ni siquiera un compromiso para frenar la deforestación —se necesitaba algo más que situar la COP en medio de la Amazonas. Al inicio de la cumbre, se presentó un fondo para proteger los bosques en zonas tropicales (TFFF, Tropical Monte Forever Facility), al que se han sumado algunos países. Aun así, es un fondo de carácter voluntario, que cuenta con la inversión de capital privado y que ha sido cuestionado por la sociedad civil por basarse en mecanismos de mercado para conseguir la financiación. En cambio, una hoja de ruta para frenar la deforestación, que sería más efectiva, ha quedado fuera de los resultados finales de la COP30.

No nos queda más remedio que continuar organizándonos para avanzar hacia la justicia climática

Ante este panorama poco esperanzador, la buena noticia de la COP30 ha sido la aprobación de un mecanismo de coordinación para la transición justa. Esto se ha conseguido gracias al trabajo incansable de la sociedad civil que ha celebrado con creces el acuerdo de “desarrollar” el mecanismo. Para desencallar el abandono de los combustibles fósiles, hace falta una transición justa que garantice que nadie queda atrás. Es la primera vez que se incluye la protección de derechos (laborales, humanos, en un medio ambiente sano, el consentimiento libre, previo e informado…) de este nivel en el resultado de una COP. Si bien es preocupante que se haya eliminado del texto final la mención a los minerales críticos y a los impactos de su extracción, por las presiones de países como Rusia y China, hay otros muchos elementos que son motivo de celebración. El mecanismo de transición justa es el primer paso para poner la justicia social en el centro de la acción climática.

También tenemos que celebrar que la Cumbre de los Pueblos haya reunido a más de 10.000 activistas que consideran que la crisis climática no se solucionará en negociaciones de élite. Hacía cuatro años que no tenía lugar una cumbre de la sociedad civil en paralelo a la COP, puesto que los últimos tres años los países anfitriones no lo han permitido. Esta contracumbre ha sido muy potente, con una presencia amplia de los movimientos sociales y las comunidades indígenas de todo Brasil, pero sobre todo del Amazonas. La defensa de los derechos territoriales ha sido central en la articulación de las demandas, e incluso se ha conseguido que Brasil se viera obligado a reconocer diez nuevas demarcaciones indígenas en su territorio.

Hace diez años, en París, salimos a las calles por la justicia climática y se llegó a un acuerdo histórico. Un acuerdo con muchas lagunas y que, de hecho, no menciona los combustibles fósiles. Pero un acuerdo que, al fin y al cabo, ratificaron todos los países y que ha servido de referencia en el camino tortuoso de abordar la emergencia climática. La COP30 de Brasil no ha estado a la altura, y ha puesto de manifiesto que hacen falta cambios, también en el funcionamiento de las COP. Pero abandonar del todo el multilateralismo tampoco es una opción ante una crisis global. No nos queda más remedio que continuar organizándonos para avanzar hacia la justicia climática en un contexto hostil.

The post La COP fracasa en un nuevo intento de frenar la emergencia climática appeared first on ODG.

Desde la Cumbre de la Tierra que tuvo lugar en Río de Janeiro el 1992 en que se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas, este año la Conferencia de las Partes en su 30.ª edición (COP30) vuelve a Brasil en un planeta que sigue calentándose. Diez años después del Acuerdo de París, los países se reunirán en Brasil por, según la presidencia, ponerse de acuerdo en la implementación de todo aquello acordado.

Gobernado por Lula Da Silva, el país quiere desmarcarse de las presidencias de las COP anteriores y demostrar su ambición climática, a la vez que no renuncia a impulsar nuevos proyectos de extracción de petróleo en territorio brasileño. El gobierno apuesta por una transición verde capitalista, siguiendo las dinámicas promovidas por el norte global pero también por China, que ven en la descarbonización una oportunidad de negocio.

Esta vez la ciudad designada para acoger la cumbre ha sido Belem, situada en el Estado de Pará en el Amazonas. La decisión ha generado muchas críticas, por la falta de infraestructura para acoger un acontecimiento de estas dimensiones y los elevados precios del alojamiento. Las controversias son múltiples. Celebrar una COP30 en medio del Amazonas da visibilidad a la importancia de los bosques como imbornales de carbono y a las poblaciones que lo defienden. A la vez, la COP se ha usado para justificar la construcción de infraestructuras, que han generado destrucción del medioambiente y que han forzado la reubicación de personas que vivían cerca de las zonas afectadas. Además, en una ciudad donde el 60% de la población vive en favelas, se han construido hoteles a precios inaccesibles para alojar las delegaciones que participan en la cumbre.

Esta COP, además, está marcada por el incremento de las tensiones geopolíticas, la escalada bélica, las disputas comerciales entre países y la erosión del multilateralismo. La ausencia de los Estados Unidos también se notará: por un lado, puede facilitar los procesos de acuerdo entre los países y, por otro, pone más responsabilidad a otros emisores históricos como la UE y China.

Descubre las amenazas y oportunidades que representa la COP30 en Brasil

The post COP30 en Brasil: amenazas y oportunidades 10 años después del acuerdo de París appeared first on ODG.