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¿Qué es el imperialismo? ¿Por qué se vuelve a hablar de imperialismo en los últimos años? Como explica la periodista Olga Rodríguez, el imperialismo busca la dominación de los territorios a través del extractivismo, la adquisición ilegítima y violenta de recursos y riquezas ajenas. Lo hace a través de la industria bélica, que acaba siendo un objetivo por sí mismo: perpetuar la guerra y los conflictos armados para lucrarse con la compra-venta de armas, la tecnología militar, etc. Por eso, entra totalmente dentro de los intereses imperialistas el rearme actual y la reindustrialización que se quiere imponer en la Unión Europea a través del impulso público-privado del sector bélico.

En un momento, además, de crisis sistémica del capitalismo, en que muchos sectores altamente contaminantes peligran ante la necesidad urgente de una transición verde realmente justa, se ofrece como alternativa irrechazable la reconversión de las industrias que todavía no se han deslocalizado a Europa, para pasar a formar parte del complejo entramado global de la armamentística.

Por el contrario, el antiimperialismo popular es una reacción a la geopolítica de conquista y expolio, no solo para frenar la expansión devoradora, sino también para reemplazarla por sistemas y formas de habitar el mundo más cuidadosas, sostenibles y justas. Como apunta Salvetti, requiere interconectar todas las luchas, hacer frente a los enemigos comunes desde frentes diversos y practicando el apoyo mutuo en todos los estratos: «hay que vincular todas las luchas sociales, la lucha contra la catástrofe climática, contra el genocidio en Gaza y donde sea, por una vida digna…».

Por eso, desde Collettivo de Fabbrica GKN, un ejemplo de reindustrialización verde sin ceder al chantaje de la industria bélica, defienden que hay que reorientar toda la producción hacia el bien común, y no a los intereses de una minoría a expensas del bienestar colectivo.

Un caso práctico de esta interconexión de luchas es Revueltas de la Tierra, explica Júlia Martí, un movimiento colectivo que organiza acciones masivas de defensa del territorio mediante la intervención directa y el tejido de redes entre movimientos de todo tipo, desde el ecologismo hasta el sindicalismo. La última acción que han hecho, en denuncia del daño que causa ICL en Sallent y en Súria, y en todo el río Llobregat, también ha sido una estrategia de solidaridad internacional. ICL es una empresa sionista, con vínculos con las IDF que ocupan y masacran Gaza, y que desde hace más de 75 años roban las tierras palestinas codo con codo con el colonialismo de los asentamientos. Por todo ello, señalar el impacto de ICL en Cataluña nunca se puede desatar de denunciar su responsabilidad y complicidad con el régimen de ocupación del Estado de Israel a Palestina y Cisjordania.

Un cas pràctic d’aquesta interconnexió de lluites és Revoltes de la Terra, explica Júlia Martí, un moviment col·lectiu que organitza accions de defensa del territori massives a través de la intervenció directa i l’enxarxament de moviments de tota mena, des de l’ecologisme fins al sindicalisme. L’última acció que han fet, en denúncia del dany que causa ICL a Sallent i a Súria, i a tot el riu Llobregat, també ha estat una estratègia de solidaritat internacional. ICL és una empresa sionista, amb lligams amb les IDF que ocupen i massacren Gaza, i que des de fa més de 75 anys roben les terres palestines braç a braç amb el colonialisme dels assentaments. Per tot plegat, assenyalar l’impacte d’ICL a Catalunya mai es pot deslligar de denunciar la seva responsabilitat i complicitat amb el règim d’ocupació de l’Estat d’Israel a Palestina i Cisjordània. 

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El pasado 5 de junio hemos vivido la emocionante jornada ‘Construir un antiimperialismo popular. Análisis, resistencias y acción ante la parálisis’, un espacio de encuentro, debate, reflexión y construcción de esperanza ante el contexto convulso actual. La vorágine global y el aceleracionismo capitalista son dos herramientas básicas para mantener las estructuras que sostienen las opresiones sistémicas que atraviesan nuestro mundo. Frente a este agobio emocional, social y material, el Seminario ODG ha querido hacer una radiografía panorámica y valorar, especialmente, las semillas de resistencia y las luchas que plantan cara.

En la primera mesa, la periodista Olga Rodríguez y el investigador Hamza Hamouchene han conversado sobre las estructuras que los fascismos políticos y económicos emplean a escala global, con qué complicidades cuenta el poder corporativo extractivista, y qué alianzas podemos tejer. Olga Rodríguez nos ha invitado a exigirlo todo, a no limitarnos en nuestra ambición de conseguir garantía de derechos, ganar batallas e imaginar qué futuro queremos.

La segunda mesa ofrecía una ventana a resistencias en todo el mundo. En primer lugar, la vivencia desde Minneapolis en la resistencia civil contra el ICE, el cuerpo parapolicial que junto a las fuerzas federales fronterizas está secuestrando, reteniendo y deportando a centenares de miles de vecinas en Estados Unidos. Después, la apuesta de reindustrialización verde y reapropiación de los medios de producción que ejemplifica el caso de Collettivo de Fabbrica GKN, en Florencia. Y finalmente, las luchas germinadas de Revoltes de la Terra, con las dos acciones de movilización masiva que han impulsado en Mont-roig del Camp (2025) y en Sallent/Súria (2026).

Durante el Seminario ODG, también hemos querido hacer un recordatorio a Maria Campuzano. Amiga, activista, referente y compañera de muchas luchas, Maria nos dejó esta primavera. Recordarla y reivindicar su legado, para mantener viva y continuar su perseverancia en la garantía de derechos contra el poder corporativo. Blanca Bayas, compañera de la ODG desde hace muchos años, nos ha regalado su conocimiento íntimo de Maria.

Finalmente, para cerrar el acto, el poeta y sindicalista David Caño ha hecho una conclusión poética, llevándonos las palabras de Nanni Balestrini, poeta italiano, y de Rafeef Zidah, poeta palestina.

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Esta actividad ha sido cofinanciada por la Unión Europea y el Ayuntamiento de Barcelona. Las perspectivas y opiniones son solo del ODG, y no reflejan necesariamente la visión de la Unión Europea. La Unión Europea no se hace responsable.

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Este fin de semana, el ODG hemos participado en las Jornadas Feministas de Cataluña en Barcelona, coorganizando con nuestras aliadas una sesión sobre economías feministas. El espacio ha incluido dinámicas, presentación de iniciativas transformadoras y un taller. Esta actividad es fruto de un proceso colectivo entre organizaciones, redes y espacios diversos, en complicidad con la XES, FETS-Finançament Ètic i Solidari, Entrepobles, CooperAcció, la Red Estatal de Economía Feminista, Sindillar, Coop57, La Col·lectiva – Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet, la Càtedra d’agroecologia i sistemes alimentaris de la UVIC, y Mujeres Migrantes Diversas.

Ha sido un espacio de confluencia para hacer memoria, genealogía y reflexión, y pensar juntas que han aportado las economías feministas a los movimientos feministas en Cataluña. También hemos querido imaginar y recoger como responder al contexto actual, y que está ya pasando en respuesta: una construcción de alternativas que va más allá de la urgencia acelerada global. Finalmente, con la metodología de los «escenarios de futuro», hemos imaginado pronósticos y hemos construido un porvenir ecofeminista. Para cerrar, las compañeras de Sindillar han hecho una performance que celebraba y recordaba todos los hitos de los movimientos antirracistas y migrantes en el Estado español en los últimos veinte años.

Ante un sistema capitalista, patriarcal, colonial, racista y extractivista que explota cuerpos, territorios, tiempos y naturaleza, las economías feministas ponen sobre la mesa la contradicción intrínseca del modelo capitalista entre el capital y la vida. Denunciamos que la acumulación de beneficios se hace a expensas de la sostenibilidad y los derechos de la vida de las personas y el planeta. Las economías feministas proponen repensar la economía desde estos derechos y esta sostenibilidad.

De todo, concluimos que:

1. Ya están en marcha las alternativas necesarias. ¿Cómo nos (auto)-organizamos? Desde la pluralidad y transversalidad de las luchas feministas anticapitalistas, los feminismos migrantes, desde las economías comunitarias, de la economía social y solidaria, la agroecología, finanzas éticas, cooperación internacionalista y feminista, el ecologismo, la crítica a la deuda, las prácticas antirracistas…
2. Reivindicamos las utopías y las ecotopías como herramientas necesarias, posibles y arraigadas a las prácticas transformadoras del presente. Reivindicamos la imaginación colectiva como derecho y como espacio de lucha, desde los afectos, como extremadamente urgente para hacer frente a los totalitarismos y el fascismo.
3. Reivindicamos la necesidad de desbordar la palabra, y dar espacio a las expresiones artísticas, culturales y performativas como formas de memoria, denuncia y transformación. Y destacamos la importancia capital de recordar las genealogías de luchas feministas interseccionales, y recuperar experiencias que encarnan el conflicto capital-vida.

50 años de «Feminismos en Revuelta»

Más de 2.000 mujeres, lesbianas y trans* nos hemos encontrado en la Fabra i Coats durante tres días para debatir, abrazarnos, escucharnos, formarnos y disfrutarnos. La edición de este año ha sido una efeméride muy importante, puesto que se cumplen 50 años de las primeras Jornadas Catalanas de la Mujer, celebradas en 1976 en la Universitat de Barcelona. Aquel encuentro se considera el punto de eclosión del movimiento feminista de segunda oleada a casa nuestra. Desde entonces, los feminismos han vivido muchísimas transformaciones y procesos, y han ampliado el sujeto político, para ir más allá de la mujer cis que era protagonista en su momento. Por eso, los feminismos en que nos sentimos cómodas hoy son transinclusivos, antirracistas, decoloniales, anticapacitistas, asamblearios, horizontales y antiautoritarios. 

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Esta actividad ha sido cofinanciada por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y no necesariamente refleja las opiniones de la Unión Europea.

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Programa completo e inscripciones. La participación és gratuita.

17 h Apertura de puertas

17:30 h – 18:30 h
Imperialismo y guerra por los recursos en un planeta en llamas
Un diálogo con:
Olga Rodríguez, periodista especializada en información internacional, oriente medio y derechos humanos
Hamza Hamouchene, investigador y activista en el Transnational Institute, especialista en justicia ambiental en el Norte de África

18:45 h – 20:30 h
Resistencias populares frente a las emergencias globales
Zir, activista indígena y queer en Minneapolis (EUA)
Revoltes de la Terra
Dario Salvetti, Collettivo di Fabbrica (Florencia, Itàlia)

• Viernes 5 de junio, de las 17 h hasta las 23 h
• Bloc4BCN | Can Batlló – Barcelona
• Para cerrar, tendremos aperitivos y música en La CantinaLab

Velocidad e intensidad. Estas dos coordenadas están marcando los acontecimientos que se suceden en la tercera década del siglo XXI. Apenas se empezaba a salir de la pandemia de la COVID-19, llegó la guerra en Ucrania, seguida de la intensificación de la ocupación israelí y del genocidio en Gaza. Este año, el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores y el reciente ataque de los EE. UU. y del Estado de Israel en Irán, el bloqueo empeorado en Cuba.

Agresiones imperialistas, rearme militar, oleada reaccionaria y violencias racistas patriarcales, consolidación de la extrema derecha en posiciones de poder, ecocidio acelerado, crisis energética, subida del precio de la vida… Estos hechos han situado el imperialismo, el belicismo y el acaparamiento de recursos como pívots de las relaciones internacionales en un mundo sobrecalentado por la emergencia climática, el gran reto civilizatorio que parece caído en el olvido. 

Lejos de buscar la desescalada, los Estados aumentan el gasto militar. El año 2024, el presupuesto global de defensa logró la cifra récord de 2,7 billones de dólares. Este incremento, el más grande desde el final de la Guerra Fría, refleja un cambio de época: la diplomacia y el derecho internacional quedan cada vez más subordinados a la ley del más fuerte. Todo ello en pro de un modelo económico que persigue el crecimiento infinito sin tener en cuenta los límites biofísicos, y que beneficia la acumulación de capital en manos de unas pocas corporaciones. Todos estos acontecimientos, noticias, declaraciones que hasta ahora parecían imposibles se van acumulando a nuestras retinas y a nuestros estómagos provocando en nosotros emociones que van desde la rabia y el miedo a la apatía o la frustración y nos dejan en una posición de abatimiento y parálisis.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo se vinculan todos estos procesos, y cuáles son las claves para entender el momento histórico en que estamos? ¿Cómo podemos hacer un análisis del contexto que no nos inmovilice y nos permita salir del catastrofismo a que nos vemos abocadas? ¿Cómo podemos retomar la idea de transiciones ecofeministas en un contexto de guerra como el actual? ¿Qué podemos aprender de las resistencias a primera línea en diferentes lugares del mundo, desde las calles de Minneapolis a las fábricas de Florencia, desde las minas de Sèrbial a las de Súria? ¿Cómo pueden inspirarnos estas luchas para continuar construyendo futuros más justos desde los internacionalismos?

Este seminario es una invitación a parar y activar. Os invitamos a escuchar, debatir, comer y bailar. Solo desde el pensamiento crítico colectivo y la construcción de comunidad podremos hacer frente a los retos que nos presenta este contexto convulso. Contra la apatía, activamos las alianzas y pasamos a la acción, contra el aislamiento, encontrémonos y conspiramos salidas colectivas en la frustración y la parálisis.

Coorganitza:

Amb el suport de:

Co-financiado por la Unión Europea. Las perspectivas y opiniones son únicamente del ODG, y no reflejan necesariamente la visión de la Unión Europea. La Unión Europea no se hace responsable.

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El storymap ‘Resisting Hydrogen Futures’ ofrece una visión panorámica de los impactos que las comunidades locales afrontan bajo la amenaza de un gasoducto gigantesco que atravesaría la península Ibérica para exportar hidrógeno en Alemania y otros países de Europa Central. El sitio web stoph2med.org lo ha creado por kollektiv gazpacho, un grupo de activistas y estudiantes del área de Rhein-Ruhr en Alemania y el estado español. En la primavera de 2025, recorrieron el trazado previsto del oleoducto H2Med/Hidrógeno Español entre Xixón (Asturies) y Huelva (Andalucía) como parte de un proyecto de investigación activista en colaboración con el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y Ecologistas en Acción.

Europa está planeando una amplia red de gasoductos para transportar hidrógeno y gas fósil. Se supone que la mayoría del hidrógeno transportado proviene del norte de África y de las zonas rurales del sur de Europa. El hidrógeno «verde» es ampliamente considerado una solución «sostenible» para un crecimiento económico industrial infinito sin emisiones de CO₂ y una solución única para la crisis climática. Sin embargo, a lo largo de los oleoductos, las comunidades locales cuestionan esta historia, sufriendo los impactos sobre las personas y la tierra. Están construyendo su propio futuro en resistencia a esta megainfraestructura energética.

¿Qué es el gasoducto?

El H2Med es un proyecto a gran escala diseñado para transportar hidrógeno desde la península Ibérica hasta Europa Central. Se está promoviendo como parte clave de la transición verde de Europa, prometiendo futuros de energía limpia y crecimiento económico. Pero detrás de esta visión hay una realidad diferente. Las corporaciones de energía multinacionales ya están expandiendo la infraestructura masiva a lo largo del gasoducto, mientras que las comunidades locales y los activistas cuestionan para quién es este “futuro verde”, quién se beneficia y quién paga el precio.

¿Qué es el hidrógeno «verde»?

El hidrógeno a menudo se presenta como una solución de energía limpia, pero no todo el hidrógeno es el mismo. Hoy en día, más del 99% todavía se produce a partir de combustibles fósiles. Solo una pequeña fracción es “verde”, utilizando electricidad renovable a través de un proceso intensivo en energía denominado electrólisis. La producción, el almacenamiento y el transporte de hidrógeno es complejo, costoso e ineficiente. Esto plantea una pregunta clave: si es tan difícil de manejar, ¿por qué estamos construyendo infraestructuras masivas como H2Med a su alrededor?

¿Cómo impacta el H2Med en la tierra, el agua y las comunidades rurales?

El llamado hidrógeno “verde” no sale del vacío. Su producción industrial requiere de infraestructuras masivas. A lo largo de la ruta H2Med, esto significa nueva producción de biogás, parques eólicos, campos solares y oleoductos que remodelan territorios enteros. Estos proyectos ocupan tierra, consumen agua y transforman las zonas rurales en zonas de producción de energía para mercados distantes en el norte de Europa. En las regiones con poca agua, la producción de hidrógeno corre el riesgo de agotar los acuíferos ya estresados. Al mismo tiempo, las tierras de cultivo se reutilizan cada vez más para la generación de energía en lugar de la producción de alimentos. El que se presenta como una transición verde puede, por lo tanto, ejercer presión sobre los medios de vida locales, los ecosistemas y los futuros rurales. Paralelamente, la energía producida se exporta en otros lugares.

¿Es el H2Med la próxima oleada de colonialismo energético?

Para muchas comunidades, el H2 Med se siente como una continuación de una larga historia de extracción de energía. Las regiones que ya acogen tomadas, centrales nucleares o megaproyectos renovables se están convirtiendo una vez más en proveedores de energía en nombre del crecimiento económico. El patrón continúa siendo el mismo: la energía se produce en las regiones periféricas, mientras que los beneficios y el poder de decisión se mantienen en otros lugares. Al mismo tiempo, el H2Med cuenta con el apoyo de una gran inversión privada y apoyo político a pesar de la incertidumbre de la demanda y las preocupaciones de eficiencia. Corre el riesgo de bloquear territorios en nuevas infraestructuras que sirven principalmente a los intereses industriales y de exportación. Para muchos activistas, esto no es una transición justa, sino una continuación del colonialismo energético bajo una etiqueta verde.

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La experiencia histórica nos dice que la organización sindical es capaz de transformar el modelo productivo y plantear nuevos modelos de desarrollo sostenible y equitativo. La presentación de ‘Tierra y Trabajo’ será un espacio para compartir experiencias en primera persona desde esta capacidad revolucionaria. Desde las resistencias cotidianas, pensando en colectivo y velando por el bienestar planetario, cada día hay mil frentes abiertos de lucha anticapitalista, antiracista, decrecentista y sindicalista que plantan cara a la hidra de mil cabezas de los sistemas que nos quieren oprimidas y silenciadas.

Además, el espacio en el que haremos la presentación es precisamente un caso emblemático de empoderamiento comunitario y popular: el Ágora Juan Andrés Benítez, situada en el Raval de Barcelona, es una semilla de fuerza frente a la especulación que azota el barrio. Os esperamos a partir de las 19h, con una mesa y fila cero de sindicatos y colectivos: CGT Catalunya, COS, IAC-Intersindical, CNT, Las Kellys, Research & Degrowth, acTe…

• Miércoles 27/05, 19h
• Ágora Juan Andrés Benítez (Carrer de l’Aurora, 13. BCN)
• Entrada libre

¿Para qué sirve ‘Tierra y Trabajo’?

La guía se ha pensado para usarse en colectivo: ya sea una sección sindical, una comisión específica de un colectivo, o un grupo de afinidad. Buscamos formar a la militancia y empoderarla frente a los retos que vienen derivados de la transición ecosocial, así como dar herramientas para entender el nuevo contexto y las estrategias organizativas para afrontarlo. Cada capítulo está organizado en cuatro bloques: 1) ¿Qué está pasando? 2) ¿Qué podemos hacer? 3) Casos prácticos 4) actividades.

En los cinco capítulos, recogemos ejemplos de sectores, espacios e iniciativas muy diversas: el sindicalismo minero, la campaña One Million Climate Jobs, el movimiento de fábricas recuperadas en Argentina, la Vaga de Totes iniciada el 2018, la Ley Rider 2021, la federación sindical europea IndustriAll, la campaña Make Amazon Pay, la huelga del Correscales de Movistar el 2017, el Collettivo de Fabbrica GKN en Florencia, Las Kellys, el Sindicat de Llogateres, la ILP impulsada por Regularización Ya, Fruita amb justícia, los sindicatos de estibadores solidarizándose con Palestina…

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• Ha servido de espacio a los 57 países participantes para abordar directamente la causa principal del cambio climático: la quema de combustibles fósiles. Ahora bien, la voluntad de abandonarlos también se enmarca en el nuevo contexto político, que evidencia que la dependencia fósil genera inestabilidad en el sistema económico. Así, por un lado, se justifica por la necesidad de autonomía energética y seguridad económica, y por la otra, se desencalla el tabú que impera en los espacios de la COP. Ahora, habrá que ver si se pueden trasladar las conversaciones a la COP31 de Turquía, en la que participarán más de 190 países.
• Ha arrancado un proceso que tiene como próxima cita una segunda Cumbre en Tuvalu, co-presidida por Irlanda. Se trabajará en tres ejes: hoja de ruta a escala nacional, cambios en el sistema financiero, alineación entre producción y consumo de combustibles fósiles.
• Se ha reconocido la existencia de barreras estructurales a la transición, como los subsidios a la industria fósil, las cláusulas ISDS, la deuda externa de los países o la falta de financiación. Pero falta concreción sobre cómo abordarlas.
• Algunos países han pedido la necesidad de un instrumento internacional vinculante para llevar a cabo la transición (al que han llamado «Fossil Fuel Treaty»), es decir que pueda “gobernar la producción y abandono de los combustibles fósiles”, pero no se ha acordado como tal, ni se ha establecido un calendario concreto para negociarlo.
• Se ha establecido un consejo asesor científico para acompañar a los países en la transición. Habrá que ver cómo se relaciona y si se solapa con el trabajo del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).
• Los 14 estados miembros de la UE que han participado no reconocen su responsabilidad histórica ni la necesidad de reducir su demanda energética para posibilitar la transición. Si realmente se quiere avanzar en el abandono de los fósiles, es necesario que se establezca un calendario claro y vinculante para llevarlo a cabo.
• La Cumbre de los pueblos previa al encuentro de los Estados lanzó una una declaración que sitúa la crisis climática como consecuencia del capitalismo, el colonialismo y el militarismo, a la hora que exigía al Norte Global que asuma su deuda ecológica con los territorios del Sur Global.
• Preguntas que se quedan sin resolver: ¿Cómo se amplía el alcance de esta cumbre al resto de países para que realmente sirva de catalizador para una transición realmente justa? ¿Participará China, el principal emisor mundial, pero también uno de los líderes en el despliegue de tecnologías renovables, en la próxima cita en Tuvalu?

Los siguientes meses veremos si los gobiernos concretan los próximos pasos para avanzar en la transición y confirmar que Santa Marta habrá sido el inicio del proceso para romper definitivamente el sistema fósil de manera justa.

Otras reacciones de organizaciones y redes con las que colaboramos:

• https://climatenetwork.org/2026/04/30/santa-marta-plants-the-seeds-of-a-fossil-free-future-civil-society-will-hold-governments-to-account/
• https://caneurope.org/news/santa-marta-conference-marks-turning-point-in-fossil-fuel-phase-out-momentum/
• https://gasnoessolucion.org/2026/04/30/la-conferencia-de-santa-marta-da-un-paso-hacia-una-coalicion-de-paises-para-dar-una-salida-justa-a-los-combustibles-fosiles/

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Mientras la economía global se tambalea por el encarecimiento del precio de la energía del aumento de las tensiones geopolíticas, del 24 al 29 de abril, Santa Marta, Colombia, será sede de la primera cumbre internacional para abordar el abandono de los combustibles fósiles. Una iniciativa que surgió en la última Cumbre del Clima (COP30) en Belém, Brasil, liderada por Colombia con el apoyo de los Países Bajos. En un contexto de crisis climática cada vez más presente y de vulnerabilidad ante la dependencia de los combustibles fósiles, esta cumbre es una ventana de oportunidad para abordar la urgencia de romper con el sistema fósil.

Hasta la fecha, 61 países[1] han confirmado su participación a la cumbre. Si bien los principales productores de combustibles fósiles están ausentes, habrá algunos exportadores relevantes como México, Australia, Canadá, Brasil y Noruega. También acudirán los estados de la Unión Europea, pero con diferentes niveles de representación. En el caso de España, asistirá la ministra de Transición Ecológica Sara Aagessen.

Esta cumbre no sustituye a los espacios comerciales multilaterales para abordar el cambio climático de las Naciones Unidas — las COPs. Sin embargo, en un contexto de erosión del multilateralismo y de bloqueo a la adopción de una estrategia eficaz para abordar las causas de la crisis climática, puede servir como plataforma para aquellos estados que quieran avanzar hacia el abandono efectivo de los combustibles fósiles. A diferencia de otros espacios multilaterales, esta cumbre no cuestiona si se debe hacer o no la transición, sino que da un paso adelante y propone trabajar sobre el «cómo».

La cumbre busca abordar la dependencia económica, la oferta y la demanda, y los mecanismos de cooperación internacional. Además, el resultado debería alimentar la hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles que el gobierno de Brasil está trabajando de cara a la COP31, así como el proceso del segundo balance global, que debe comenzar este año.

Si bien no es probable que se publique un documento acordado, se espera que se establezcan los próximos pasos para avanzar en la transición. En este sentido, el gobierno colombiano prevé que se celebre una segunda cumbre para dejar atrás los combustibles fósiles el año próximo en Tuvalu, una isla del Pacífico, para continuar avanzando el trabajo iniciado en Santa Marta.

Aparte de los gobiernos, también habrá un encuentro del mundo académico, que se reunirá en un congreso científico, que se espera concluya, a diferencia del IPCC, con una serie de recomendaciones políticas para la transición. También habrá una gran presencia de la sociedad civil, organizada en la Cumbre de los Pueblos por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles que tendrá lugar del 24 al 26 de abril. Se han programado más de 1.000 eventos e iniciativas como la flotilla climática, que navega por el Caribe hasta llegar a Santa Marta para reclamar un tratado vinculante sobre combustibles fósiles. Además, el 27 de abril está prevista una Asamblea de los Pueblos y una amplia movilización en favor de una transición justa a nivel mundial.

¿Cuál sería el mejor resultado?

La participación de los países en Santa Marta envía un mensaje de voluntad para activar la transición, pero no garantiza que esta se materialice. Para enviar un mensaje claro, sería necesario que todos los participantes mostraran la voluntad colectiva de avanzar en el abandono de los combustibles fósiles. Además, la participación en la cumbre debe ir acompañada de compromisos de los países a escala nacional.

Para que la cumbre sea un éxito, sería necesario que todos los participantes acordaran una hoja de ruta para una transición verdaderamente justa, que no se limite a sustituir las fuentes de energía fósiles por renovables, sino que comporte una reestructuración integral del sistema económico y que incluya:

• El reconocimiento de que abandonar los combustibles fósiles implica necesariamente reducir la demanda energética global, especialmente en los países del Norte global. Al mismo tiempo, se debe garantizar el derecho a la energía para una vida digna a todas las personas del planeta. Esto implica que algunos territorios deberían aumentar el consumo por encima del actual.
• El desmantelamiento de la industria fósil, acompañado de medidas para aliviar los impactos para el personal que trabaja allí, y un firme compromiso con la no proliferación de fósiles: por una parte, no hacer inversiones en el sector de la energía fósil para no encadenar nuestro futuro; por otro, acabar con los subsidios a los combustibles fósiles y la creación de nuevos impuestos que los penalizan.
• La eliminación de barreras estructurales a la descarbonización. Una de las principales es la deuda externa, que obliga a los países con reservas fósiles a seguir extrayéndolas y exportándolas para pagar sus deudas. La cancelación de la deuda es un prerrequisito para posibilitar la transición. Otro es el fin del sistema de tratados de comercio e inversión, que opera a través del conocido mecanismo ISDS, mediante el cual los inversores pueden hacer demandas con cifras astronómicas sobre estados que toman medidas climáticas cuando ponen en riesgo sus ganancias.
• El reconocimiento de las responsabilidades históricas de los países y la adopción de medidas de reparación por los daños causados pertinentes. Esto debe ir acompañado de la contribución de la financiación climática en forma de subsidios directos, no préstamos, para aquellos territorios que sufren las peores consecuencias y que, por otro lado, han contribuido menos

Todos estos puntos deben ir acompañados de un calendario claro con hitos para avanzar en el cumplimiento de los compromisos. El éxito de la cumbre se medirá no sólo por los compromisos acordados, sino también por la capacidad de impulsar un proceso global más amplio para romper con el sistema fósil.

El seguimiento de la cumbre

El ODG seguiremos la cumbre y sus resultados desde Barcelona. Podemos facilitar los contactos de compañeras de otras redes que viajan a Santa Marta para declaraciones.

• Marta Pérez Fargas / Responsable de prensa / premsa@odg.cat
• Clàudia Custodio Martínez / Investigadora en justicia climática / claudia.custodio@odg.cat / 640745025

[1] Antigua y Barbuda, Australia, Austria, Angola, Bangladesh, Barbados, Brasil, Bélgica, Camboya, Camerún, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, UE, Fiyi, Finlandia, Francia, Alemania, Ghana, Guatemala, Islandia, Irlanda, Italia, Jamaica, Kiribati, Luxemburgo, Maldivas, Islas Marshall, Mauricio, México, Mongolia, Nepal, Países Bajos, Nueva Zelandia, Nigeria, Noruega, Pakistán, Palau, Panamá, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Portugal, Senegal, Singapur, Sri Lanka, Eslovenia, España, Saint Kitts y Nevis, Suecia, Suiza, Tanzania, Turquía, Tuvalu, Tuvalu Reino Unido, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Vietnam

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En julio 2025, en plena ola de calor, se celebró en Sevilla una conferencia de Naciones Unidas histórica, la 4.ª Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4 por sus siglas de inglés), con el Estado español como anfitrión. Una cita multitudinaria en la que se abordaron temas claves como la deuda soberana, la fiscalidad internacional, la financiación de la cooperación al desarrollo y la reforma de las instituciones financieras internacionales. Se reunieron unas 15.000 personas de 150 países, y, al término de la conferencia, las 70 jefes y jefas de Estado aprobaron el Compromiso de Sevilla, un documento que recoge los acuerdos de las negociaciones.

¿Por qué nos debería importar lo que pasó en la Conferencia FfD4? En primer lugar, porque la macroeconomía y las decisiones que se toman en los espacios internacionales impactan en la vida de millones de personas, en nuestra vida cotidiana, en nuestro bienestar y en el planeta. Daré dos ejemplos de estas interconexiones entre lo global y lo local y cotidiano. Por un lado, la relación entre la deuda pública y las políticas de austeridad, y, por otro lado, la relación entre impuestos y financiación climática. En segundo lugar, porque, a pesar de la potencialidad de llegar a acuerdos internacionales transformadores hacia la justicia global, experimentamos un bloqueo de las negociaciones por parte de nuestros propios gobiernos del Norte Global, en concreto la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y el grupo CANZ (Canadá, Australia y Nueva Zelanda).

Estados Unidos ni siquiera participó en la Conferencia FfD4 de Sevilla, lo mismo que brilló por su ausencia en la pasada COP30 de Brasil. Es un hecho recurrente en los espacios internacionales en los que se negocian las reglas del juego de la economía global: los países del norte global, y en concreto la UE, que son los que se benefician del actual sistema, bloquean propuestas transformadoras hacia un sistema que pueda funcionar mejor para el 99 % de la población y para el planeta, mientras que la administración de Donald Trump en EE. UU. deslegitimiza directamente los espacios de negociación internacionales. Como ciudadanas, tenemos que visibilizar y responsabilizar a nuestros gobiernos de sus políticas económicas injustas.

Deuda y austeridad

Con una deuda pública global que alcanzó los 97 billones de dólares en el 2023, el mundo nunca había estado tan endeudado. Según Erlassjahr, el 55 % de los 152 países analizados en el sur global están crítica o muy críticamente endeudados, en contraste con el 37 % de antes de la pandemia de la COVID-19. 4 El Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que el 75 % del PNB de la economía mundial —un tercio de los países del mundo que incluye las mayores economías nacionales— tiene mayores niveles de deuda, y esta crece más rápidamente que antes del 2020.

Estos elevados niveles de deuda hacen que los países del sur global sean más vulnerables. Los más empobrecidos dependen de la intervención del FMI y de préstamos condicionados que les obligan a pagar la deuda externa antes que invertir en ámbitos como la educación, la salud o la acción climática. Las estadísticas de la UNCTAD muestran que 19 países pagan más intereses por la deuda de lo que invierten en educación, mientras que 45 países pagan más intereses de lo que invierten en sanidad, según la UNCTAD. Al menos 48 países, con una población total de 3.300 millones de personas, no invierten lo suficiente en educación o salud a causa de la deuda.

Estas políticas de austeridad sitúan a las mujeres y las niñas en una triple desventaja: somos las primeras en perder el acceso a los servicios básicos (como la salud y la educación), las primeras en perder trabajos en la primera línea de los servicios públicos, y las primeras en tener que encargarse del trabajo de cuidados no remunerado, que aumenta cuando fallan los servicios públicos o cuando se producen desastres climáticos. La privatización de los servicios públicos los hace inaccesibles para la mayoría de las mujeres y niñas, siendo esta situación aún más grave para aquellas que sufren desigualdades múltiples por razón de origen, ingresos, clase, edad, discapacidad, indigeneidad, orientación sexual o identidad de género.

En cuanto a la deuda, todavía no existe un mecanismo internacional transparente y vinculante de reestructuración y cancelación para los países endeudados. En la práctica, la cancelación de la deuda externa de los países empobrecidos y la reforma de la arquitectura de la deuda global son temas que se tratan en espacios internacionales como los encuentros del FMI, del Banco Mundial, de la OCDE y del G20, pero son espacios no democráticos, en los que los países empobrecidos no tienen voto ni acceso a participar. Durante muchos años, los movimientos sociales y los países del
sur global han subrayado la necesidad urgente de un nuevo Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana 9 y de un mecanismo de renegociación de la deuda bajo el amparo de la ONU, fundamentado en los principios de préstamo y endeudamiento responsables. Los países africanos han estado especialmente implicados en este proceso.

Asimismo, a medida que los devastadores impactos de la crisis climática en África se intensifican, el tema de la deuda ha alcanzado un nivel sin precedentes en la agenda política africana. En 2024, por primera vez, la Unión Africana adoptó una posición común sobre la reforma de la deuda con la Declaración de Lomé. En 2025, durante la 4.ª Conferencia de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo, este grupo de países apoyó la demanda para un Convenio Marco de Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana. Sin embargo, esta creciente conciencia todavía no ha comportado reformas sistémicas significativas.

La Conferencia FfD4 de Sevilla hubiera podido ser un espacio histórico para la comunidad internacional, pero fue bloqueado sistemáticamente por los poderosos países acreedores: los países europeos (entre otros). Así, el Compromiso de Sevilla en materia de deuda no contempla seguir adelante con un Convenio Marco de Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana, sino que hace mención a un proceso intergubernamental que solo podrá hacer recomendaciones no vinculantes. La deuda y las políticas de austeridad no son solo un tema de los países del sur global, nos afecta a todas. La Comisión Europea, junto con la mayoría de los Estados miembros y el Parlamento Europeo (y muy en línea con las políticas del FMI), aprobó en abril de 2024 la reforma de la gobernanza económica de la Unión Europea —conocida como la reforma de las normas fiscales de la UE— por la que se acuerda mantener el techo de la deuda pública del 60 % y el techo del déficit público del 3 % del PIB. Después de haber congelado las normas fiscales europeas en marzo de 2020 debido a la pandemia de la COVID-19, los Estados miembros se endeudaron para hacer frente a la emergencia sanitaria y, más adelante, para responder a la crisis energética de 2022.

Actualmente, el Estado español acumula una deuda pública que representa el 103 % del PIB. ¿Pero de dónde viene esa deuda? La investigación de la European Network of Corporate Observatories (ENCO) revela que, entre 2020 y 2022, el Gobierno de España destinó 112.683 millones de euros del presupuesto estatal a medidas de emergencia anticrisis, de los cuales el 47 % se destinaron a empresas y solo el 7 % a medidas excepcionales para el sector de la salud, la educación y el transporte público. También se invirtieron miles de millones de euros en la recuperación económica pospandémica y en la transición de la economía en clave «verde» y «digital», con la ayuda de los fondos Next Generation EU. Se trata de fondos europeos de 800.000 millones de euros que se financian en gran parte mediante la emisión de eurobonos (deuda comunitaria), que deberán devolverse en un plazo de 10 a 30 años a los actores prestamistas del mercado financiero internacional.

En definitiva, en la UE y en el Estado español volvemos al camino de la austeridad 2.0 —esta vez adaptada a cada país miembro y con excepciones «verdes» y «securitarias»— de forma que se abre una ventana de inversión pública para sectores estratégicos de la economía como la tecnología, la transición energética, la industrialización «verde» y la industria militar. Notaremos los impactos
de los recortes en la medida en que el gobierno central implemente el Plan fiscal y estructural a medio plazo 2025-2028, que se envió a la Comisión Europea en octubre de 2024. Para cumplir con las reglas fiscales europeas, el Gobierno debe reducir la deuda pública al deseado 60 %. Puede hacerlo recortando en gastos públicos, volviendo a la época de la postcrisis financiera de 2028, o aumentando los ingresos a través de la recaudación, es decir, más impuestos para los que más tienen.

La Conferencia FfD4 de Sevilla hubiera podido ser un espacio histórico para la comunidad internacional, pero fue bloqueado sistemáticamente por los poderosos países acreedores: los países europeos (entre otros). Así, el Compromiso de Sevilla en materia de deuda no contempla seguir adelante con un Convenio Marco de Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana, sino que hace mención a un proceso intergubernamental que solo podrá hacer recomendaciones no vinculantes. La deuda y las políticas de austeridad no son solo un tema de los países del sur global, nos afecta a todas.

Impuestos y financiación climática

Actualmente, muchos países empobrecidos (y también países enriquecidos) tienen un potencial limitado para recaudar impuestos debido a las normas fiscales injustas establecidas por el club de países de la OCDE, que durante más de 60 años han mantenido un sistema que se adapta en gran medida a los intereses de los países más ricos y de las grandes empresas. Sin embargo, la política fiscal es central para un país para financiar gastos sociales necesarios sin tener que recurrir al endeudamiento público. Además, en un contexto de emergencia climática y eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, la capacidad fiscal de los Estados es crucial para paliar impactos, responder a las pérdidas y daños e invertir en adaptación climática. Desde la sociedad civil, se exige que se recaude de los que más tienen (como ultrarricos, empresas multinacionales o fósiles) a través de políticas fiscales progresivas con perspectiva de género y de justicia climática. Por ejemplo, se calcula que nuevos impuestos, como el que grava las ganancias extraordinarias, podrían recaudar potencialmente casi un billón de dólares al año, un impuesto sobre el 1 % a las personas más ricas podría recaudar potencialmente hasta 6,4 billones de dólares al año y un impuesto a las transacciones financieras podría recaudar hasta 650.000 millones de dólares al año.

La justicia fiscal también está en el centro de la financiación para el desarrollo y actualmente es uno de los debates más avanzados —desde una mirada de justicia económica global— en las Naciones Unidas. A pesar de la retirada de Estados Unidos en enero de 2025, el proceso para negociar un nuevo convenio de la ONU sobre cooperación fiscal internacional, que, entre muchos puntos, incluye un impuesto mínimo del 25 % sobre los beneficios de las empresas multinacionales, dio un importante paso adelante en enero 2025 con la aprobación de los Términos de Referencia para un Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional. Después de la última ronda de negociación en noviembre de 2025 en Nairobi, Kenia, el proceso avanza para negociar el contenido del nuevo convenio junto con dos protocolos iniciales, que deberían estar terminados a finales de 2027.

En la Conferencia FfD4 de Sevilla, los Estados miembros han apoyado la necesidad de acelerar las negociaciones para el convenio marco sobre impuestos. En el Compromiso de Sevilla, los Estados miembros mencionan la importancia de conectar los impuestos al objetivo de reducir las desigualdades, tener en cuenta una mirada de género, combatir eficazmente los flujos financieros ilícitos —por ejemplo, promoviendo medidas para eliminar paraísos fiscales o prácticas fiscales agresivas— e impulsar impuestos justos a las empresas multinacionales y personas más ricas. Ahora bien, queda pendiente traducir la declaración de intenciones en un texto ambicioso y legalmente vinculante para todos los Estados miembros de la ONU.

Avanzar en materia de justicia fiscal con justicia climática también es importante para las personas y los territorios del Estado español. En diciembre de 2024 se han podido experimentar las resistencias políticas y corporativas en contra de una reforma fiscal justa y verde. El Congreso de los Diputados no aprobó la permanencia del impuesto extraordinario a las empresas energéticas, aunque a través de este impuesto se recauden anualmente más de 1.500 millones de euros de las empresas multinacionales energéticas más contaminantes, como Repsol e Iberdrola. Estas empresas contaminantes son parte responsable de la emergencia climática y sus fenómenos extremos, como la DANA en Valencia.

En términos de pérdidas y daños, la DANA de octubre del 2024 causó 229 muertes y destruyó ecosistemas, infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, puentes, viviendas y vehículos. La catástrofe en el País Valencià pone de manifiesto la falta de preparación para responder a los efectos de la emergencia climática y las consecuencias dramáticas de una escasa previsión. Pero también evidencia un modelo cortoplacista que prioriza la acumulación de beneficios económicos y el capitalismo del desastre, tal y como muestra un análisis de los fondos públicos dedicados a la reconstrucción un año después de la DANA.  En este sentido, es importante hacer valer el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas: quien más ha contaminado y contribuido a la emergencia climática tiene la obligación de resolverla (y pagarla).

Actores visibles e invisibilizados

Volviendo a la Conferencia FfD4 de Sevilla, se ha mostrado (de nuevo) quienes son los actores poderosos que influencian las decisiones sobre las reglas y reformas del actual sistema económico y financiero. La propuesta de financiación al desarrollo se ha convertido directamente en una gran colaboración público-privada: el norte global ha reforzado la narrativa de que las finanzas y el capital privado «nos salvarán», que el rol de lo público es atraer, blindar y asegurar la inversión privada en proyectos de desarrollo, sean infraestructuras, salud, educación, etc. Todo ello a través de garantías públicas y marcos legislativos favorables que permitan la privatización de los servicios públicos. De hecho, mientras que la sociedad civil tenía su Foro Social dos días antes en un recinto apartado del sitio de la conferencia, la ONU permitió al sector privado organizar su Business Forum durante los mismos días de la conferencia en el mismo recinto de Naciones Unidas. Las complicidades ya no se ocultan, sino que los privilegios para el sector privado se han visto perfectamente a la luz del día, un tema recurrente de otros espacios multilaterales como la COP30. Así, no sorprende que el control de las finanzas privadas haya sido uno de esos temas tabú que se posponen para la próxima conferencia. Que, por cierto, todavía no tiene ni fecha.

Sin embargo, en la Conferencia FfD4 de Sevilla, también se manifestaron alianzas y dinámicas globales muy relevantes que van más allá de la financiación, y que ponen en jaque el statu quo. Las grandes protagonistas —invisibilizadas— han sido las alianzas entre Estados del sur global, en concreto el Grupo Africano, formado por los 54 Estados miembros, el Grupo de los Países más empobrecidos (LDC, en sus siglas en inglés) formado por 44 Estados miembros, y la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS en sus siglas en inglés), formada por 39 Estados miembros. Durante las negociaciones han apoyado demandas transformadoras claves, como la necesidad de crear un convenio marco de Naciones Unidas vinculante sobre deuda soberana y otro para la cooperación internacional al desarrollo; la necesidad de democratizar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dando voz y veto a los países del sur global; la necesidad de controlar los poderosos fondos de inversiones privados (como BlackRock, JP Morgan, etc.) y de regular las agencias de rating (como Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Rating). Por desgracia, estas demandas han sido finalmente rebajadas en el Compromiso de Sevilla, o directamente excluidas, en la última ronda de negociación que se llevó a cabo quince días antes de la conferencia a puerta cerrada.

Tal y como hemos visto en Sevilla, y se ha visto en Belém (COP30), hay un grupo reducido de países y de lobbies que van a continuar defendiendo su lugar de privilegio, haciendo políticas que mantienen y profundizan en el statu quo y en las desigualdades. Pero, tal y como vimos también en Sevilla, hay un grupo amplio y diverso —liderado por los países del sur global con apoyo de la sociedad civil organizada— que no se va a perder ni una y que está dispuesto a seguir presionando y trabajando para cambiar las reglas del juego. Porque nos va la vida y el futuro en ello. 

Este artículo ha sido cofinanciado por la Unión Europea. Sus contenidos son responsabilidad única del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y no reflejan necesariamente las opiniones de la Unión Europea.

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Nos encontramos en un contexto de crisis global —climática, económica, social, cultural— marcada por el aumento de la escalada bélica y una extrema derecha en auge que promueve y justifica actitudes y discursos de odio con total impunidad. Un contexto en que se extiende una ideología antiderechos, xenófoba, machista, negacionista y abiertamente fascista. De Palestina al B9 de Badalona, de Minneapolis a Torrepacheco, de la Argentina de Milei al Ripoll de Sílvia Orriols, todo bajo una misma estrella imperialista, securitaria y neoliberal que busca culpabilizar a las clases populares en vez de señalar las élites.

En este contexto, en nuestro país centenares de miles de personas ven vulnerados sus derechos esenciales, como la regularización administrativa, el acceso a la vivienda y a un trabajo en condiciones dignas, o sufren actuaciones policiales discriminatorias y perfilaciones raciales. Crecen las agresiones contra las mujeres y las personas LGBTIQ+, especialmente contra las personas trans y no binarias.

Pero no todo está perdido. Ante este panorama, hay movimientos de resistencia cada vez más fuertes. La larga lucha de RegularizaciónYa, que ha reunido y movilizado fuerzas muy diversas, ha obtenido una gran victoria; habrá que seguir presionando para hacerla efectiva. La fuerte resistencia y solidaridad en respuesta al desahucio racista de 400 vecinas y vecinos del instituto B9 de Badalona. En diferentes lugares del país, y especialmente en Salt, muchas familias, con el apoyo de los grupos de vivienda, están oponiéndose al racismo inmobiliario.

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En todo el país, movimientos y redes están asumiendo la necesidad de combatir el racismo y la extrema derecha: en el mundo laboral, en la vivienda, en la educación, y otros muchos ámbitos. El movimiento de solidaridad con el pueblo palestino ante el genocidio también es símbolo de resistencia contra el racismo y la extrema derecha en todo el mundo.

Por eso, queremos demostrar que las personas que nos oponemos al odio somos mayoría. El próximo 28 de marzo salimos a las calles de Barcelona en respuesta al llamamiento global con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. El movimiento ecologista nos tenemos que sumar al llamamiento del 28M para demostrar que estamos del lado de las que defienden la vida.

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