Ficha: Clece, filial del Grupo ACS

Sector: cuidados y mantenimiento urbano

Actividad:

Empresa multiservicios, vende servicios de cuidados, mantenimiento, limpieza, restauración, jardinería, logística interna y seguridad.
Tiene 39 filiales repartidas en 10 sectores de actividad.

Accionistas:

Clece es propiedad 100% de ACS, y concentra su negocio de servicios a las personas, mantenimiento de edificios, ciudades y entorno. El accionariado del Grupo ACS es el siguiente (1):
Florentino Pérez, presidente de ACS así como del Club de fútbol Real Madrid: primer accionista con un 12,6%.
Los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, investigados por casos de corrupción, a través de Corporación Financiera Alcor, con otro 8,6%.
Les siguen instituciones transnacionales como Société Générale, con una participación del 5,3%, el gestor de fondos BlackRock con un 4,9% y Goldman Sachs con un 3%.

Antecedentes financieros (2):

Facturación 2019: 1.579€ millones (creciendo al 12% anual entre 2003 y 2018)
Beneficio bruto 2019: 94€ millones
Beneficio neto 2019: 38€ millones
ACS, la matriz de Clece, ha repartido solo en 2020 dividendos por 630€ millones (3).

Impactos/denuncia:

Sociales/de género

Clece se fundó en 1992, y tiene registradas numerosas denuncias de abusos laborales desde hace más de 10 años, tanto por parte de las trabajadoras de la filial, como de Inspección de Trabajo o de instancias municipales que alegan incumplimiento de contratos establecidos para la provisión de sus servicios.
Las denuncias hacen referencias a la precariedad laboral y situaciones de abuso: jornadas laborales por encima de lo que marcaban sus contratos, remuneración baja o no ajustada, contratos temporales en lugar de indefinidos marcados por convenio, despidos improcedentes, trabajo con materiales insuficientes o en mal estado, entre otras.
El 80,81% de la plantilla de Clece está conformado por mujeres, y el 51% de la misma están en la franja de edad de los 45 a los 60 años (datos de 2018) (4). Además, el 11,6% del personal, 8.749 trabajadoras, forman parte de colectivos de especial atención o en situación de riesgo de exclusión, como son las personas con diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión y jóvenes en desempleo de larga duración. Es por este motivo que su situación podría ser de mayor vulnerabilidad, y podrían requerir condiciones adaptadas a su trabajo, pero en cambio malas condiciones han sido reportadas por algunos de estos colectivos (5).

Fiscales, corrupción, puertas giratorias

Clece se ha visto involucrada en denuncias de casos de puertas giratorias (6) y de presunto delito de cohecho (7) aunque en este último fuera exonerado.

Ayudas públicas recibidas:

Recibidos al menos 7€ millones en contratos por la vía de emergencia en la Comunidad de Madrid, relativos a servicios de limpieza de 32 hoteles, el Hospital de Campaña Ifema y otros dos servicios relativos a la empresa pública del metro de Madrid (8). En el caso del Hospital de Campaña Ifema ha seguido supuestamente recibiendo compensación incluso con el hospital ya clausurado.
También ha recibido tres contratos públicos por la vía de emergencia por parte del Ministerio de Defensa: el servicio de limpieza intensiva del Centro Militar de Farmacia de la Defensa, el del Hospital General de Zaragoza y el del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (9).

Condiciones/obligaciones vinculadas a las ayudas:

El otorgamiento de los contratos por vía de emergencia se hace sin concurso público. La poca transparencia en las que se han tramitado ha sido objeto de crítica (10).

Peticiones de la campaña:

Obligaciones en materia social, de género, ambiental y climática, aplicables tanto a la empresa, como a sus filiales y contratistas dentro y fuera del Estado español.
Cualquier contrato por la vía de emergencia ya comprometido deberá incorporar:
- Obligación de incorporar en espacios de decisión representantes de los trabajadores y del Estado hasta concluir la ejecución.
- Renuncia de Clece a demandar al Estado por cualquier decisión adoptada en el marco de la lucha contra la pandemia y de los posteriores programas de recuperación.
- Limitación de la retribución máxima por todos los conceptos a los ejecutivos de 20 veces el sueldo más bajo de la empresa.
- Obligación de tributar en el Estado español y desmantelar cualquier estructura societaria encaminada a eludir el pago de impuestos.
- En relación a los ERTEs: revisión de los mismos según contratos con las instituciones públicas y penalizaciones en caso de destruir empleo en un plazo de 6 meses una vez finalizados.