Sólo los partidos más allá del núcleo irradiador de centralismo como Podemos, IU-Unidad Popular, En Comú, Las Mareas y otros agentes populistas de estilo parecido, llevan la propuesta de auditoría y reestructuración de la deuda en sus programas incluyendo principios peligrosos para la democracia como la transparencia, la buena fe entre acreedores y deudores, la sostenibilidad de la deuda y el derecho de los estados a proteger su soberanía.
«No vamos a hablar de auditorías de deuda, impagos ni cosas así; eso está descartado» declaraba el secretario de Economía del PSOE, Manuel de la Rocha. El dirigente del PSOE dejaba claro que su partido quiere tener una «posición seria» y rechazó este tipo de medidas, «poco reflexionadas» y «propias del lenguaje de otros continentes y otras épocas». Es de suponer que de la Rocha considera serio, reflexionado y moderno cambiar un artículo de la Constitución que dice que el pago de la deuda a acreedores extranjeros pasa por encima de cualquier obligación del Estado para con su población, eso sin un debate público, el día en que la mayoría andaba distraída con las vacaciones estivales y el ruido mediático del partido Barça-Madrid de Supercopa que se jugaba el mismo día.
El concejal Redondo de Ciudadanos en Madrid advertía que «en ningún caso podemos concebir que la deuda pueda ser declarada ilegítima por los ciudadanos», ya que esto «tendría consecuencias catastróficas no sólo para la economía de Madrid sino para la del resto de España». Es verdad que no cobrar deudas es catastrófico o por lo menos perjudicial para los bancos y acreedores varios. Ciudadanos entra en política como un partido serio y de centro, con estrecha relación y financiación de bancos como el Santander, la Caixa, Popular y de entidades como FEDEA, el centro de estudios económicos más importante de la patronal, y hasta se le ha relacionado con la industria armamentística de EEUU. En todo caso, la publicación de economía neoliberal más importante del mundo, The Economist, ya ha declarado su amor a Ciudadanos para estas elecciones argumentando que su liberalismo les hace más proclives que al mismo PP a seguir las directrices de la troika de privatizar, liberalizar y recortar.
Por otro lado, González Pons, del PP, fue más allá expresando que no sólo hay que pagar las deudas, sino que hay que exigírselas hasta el último céntimo a los deudores. «Los españoles les prestamos 26.000 millones a los griegos, y yo no soy partidario de perdonárselos; que nos los devuelvan, porque nosotros también los necesitamos». A González Pons debieron de informarle mal, ya que el Estado desembolsó en el “rescate” de Grecia 6.649,9 millones a una tasa de interés superior al 5% y no los 26.000 que afirmaba. González Pons también se olvidó recordarle esto de que las deudas se pagan al presidente del FROB cuando éste explicó en el Congreso que el dinero no recuperado de los rescates bancarios rondará los 40.000 millones de euros. De Guindos le debió de convencer de que “los contribuyentes no pondrán ni un euro en la reestructuración”. Es de suponer que a González Pons, con las palabras de De Guindos, se le pasara la declaración de Restoy en el Congreso. Los políticos del PP andan liados. Además los bancos son decentes, moderados y de centro, por lo que no deberíamos exigirles lo mismo que a los caraduras radicales griegos, ¿no creen?
Más allá del centro se encuentran los leninistas maquiavélicos de Podemos, los comunistas descerebrados de Unidad Popular y a otros partidos parecidos como En Comú o las Mareas, todos de la órbita de ETA, el chavismo, Putin y Assad. Estos antisistema proponen auditar la deuda, medida que organizaciones subversivas como el Parlamento y el Consejo Europeos incluyen en su reglamento (472/2013) como obligaciones de los estados que han implementado planes de ajuste.
Estos partidos pseudo-democráticos también proponen la creación de una legislación internacional de quiebra para el sector público que permita protegerlo ante los acreedores de la deuda soberana. Esta propuesta de principios de reestructuración de la deuda pública está promovida por países del eje del mal como Argentina, quien la presentó en la sede de otra organización terrorista, la ONU. La propuesta incluye principios peligrosos para la democracia como la transparencia, la buena fe entre las partes, la sostenibilidad y el derecho de los estados a proteger su soberanía. Al haber recibido el apoyo de 136 países en la ONU la defensa de la decencia, la seriedad y el centralismo político en contra de tal medida ha quedado en manos del reducido grupo de gobiernos defensores del orden en el mundo: EEUU, la UE, Canadá, Israel y Japón. Uno de los principales promotores de esta iniciativa legislativa sobre reestructuración de deuda es el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, amigo de Yannis Varoufakis, quien fue ministro de Syriza, que a la vez recibió el apoyo de Arnaldo Otegui por twitter cuando ésta ganó las elecciones en enero. Hagan ustedes la conexión.