En los últimos años, las Asociaciones Público-Privadas (APP) han sido ampliamente promovidas como mecanismos para proyectos en una variedad de sectores como son el transporte, la infraestructura, la sanidad o la educación. Son numerosos los ejemplos en el Estado español, especialmente en el sector transporte (con ejemplos como las autopistas AP7 de Catalunya o la R3 y R5 de Madrid, o la Línea 9 del metro de Barcelona), o el sonado Caso Castor en el sector energético.
Sin embargo, un conjunto creciente de pruebas desafía la capacidad de las APPs para cumplir las promesas de quienes apuestan por ellas. En un contexto de austeridad y de recortes del gasto público, y con un constante aumento de la presión sobre los servicios públicos, diversos estudios han encontrado que las APPs son, en la mayoría de los casos, los métodos de financiación más caros, adolecen de falta de transparencia, frecuentemente abren vías para la corrupción . Los proveedores privados son, en última instancia, responsables ante los accionistas, no ante la ciudadanía.
Desde una perspectiva de género, con una cantidad tan significativa de dinero desviada de la cartera pública al sector privado, hay menos recursos disponibles para servicios sociales esenciales para la población y especialmente sensibles al género, resultando vitales para el cumplimiento de los derechos de las mujeres.
El nuevo informe de EURODAD, Gender & Development Network y Femnet «¿Pueden las Asociaciones Público-Privadas promover la igualdad de género?« (también disponible en inglés) pone sobre la mesa el impacto de las APPs en las mujeres, en sus derechos, en su capacidad para acceder a servicios claves, y lo que esto significa en relación con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030).
El informe demuestra que las APP no solo están fracasando en la cuestión de las desigualdades, sino que agravan especialmente . El modelo APP está caracterizado por la necesidad de obtener beneficios privados, y no genera un cambio estructural social a largo plazo. Las APPs son parte de un enfoque que recurre a la «solución rápida» y es improbable que demuestren ser sostenibles o lograr mejoras significativas a largo plazo.
Resumen ejecutivo
Las Asociaciones Público-Privadas (APP) vienen siendo activamente impulsadas por los gobiernos donantes y las instituciones financieras internacionales para financiar servicios sociales y proyectos de infraestructura en todo el mundo. Se destacan como un mecanismo de financiamiento para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, el apoyo a las APP es contrario a los compromisos asumidos por los gobiernos en el marco de la Agenda 2030, y en otras instancias, para promover la igualdad de género y el cumplimiento de los derechos de la mujer.
Las APPs son acuerdos por los cuales las empresas del sector privado esencialmente sustituyen al Estado como proveedor de servicios públicos e infraestructuras tradicionales, como la salud y la educación, el transporte, la energía, el agua y el saneamiento. Quienes las impulsan señalan su valor en la recaudación de recursos y en la eficiencia, lo que a su vez llevará al cumplimiento de objetivos sociales, como la igualdad de género. Pero su evidencia es débil. De hecho, la investigación disponible sugiere que, en realidad, las APPs pueden exacerbar la desigualdad de género de tres maneras:
1) Con demasiada frecuencia, las APP son más costosas y conllevan más riesgo que la provisión pública, por lo que no aumentan los recursos disponibles de los gobiernos. En su lugar, se corre el riesgo de crear restricciones fiscales adicionales que socavan la capacidad del Estado de cumplir con servicios públicos e infraestructuras que logren cambios transformadores en cuestiones de género y de promover el trabajo digno para las mujeres.
2) Los proveedores privados son, en última instancia, responsables ante los accionistas, no ante los ciudadanos. La búsqueda de beneficios restringe el acceso a los servicios para los más marginados, socavando así la capacidad de los proyectos APP de contribuir a objetivos sociales como la igualdad de género. Su falta de transparencia agrava todavía más el problema.
3) Esta búsqueda de beneficios también limita la oferta de ‘trabajo digno’ para las mujeres dentro de los proyectos operados por las APP. Debido a la discriminación por motivos de género, las mujeres (en particular las que enfrentan discriminaciones cruzadas, por ejemplo, debido a su raza) tienen menores ingresos y menos activos y, por lo tanto, hacen más trabajos de cuidado no remunerado. Como resultado, las mujeres son, a la vez, más dependientes de los servicios sociales y la infraestructura y menos capaces de acceder a ellos. Además de aumentar la cantidad de los suministros, la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres requiere servicios sociales e infraestructuras transformadoras de género que satisfagan las necesidades prácticas de las mujeres y las prioridades estratégicas.
Para que los donantes y los gobiernos cumplan con sus obligaciones en materia de igualdad de género y de derechos de las mujeres, se necesita un enfoque mucho más basado en la evidencia sobre la forma en que se financian las infraestructuras y los servicios sociales. Las instituciones financieras internacionales y sus gobiernos miembros deben detener la promoción las APP impulsada por la ideología y, en su lugar, velar por que los mecanismos de financiamiento elegidos contribuyan a la igualdad de género y a otros objetivos sociales en la Agenda 2030, en lugar de socavarlos. El objetivo de este documento es contribuir al creciente debate de la sociedad civil sobre las APP.
