Metabolismo de Barcelona


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Hacia un nuevo modelo energético que no genere anticooperación

 

El metabolismo energético de Barcelona requiere una gran entrada de productos energéticos, tanto de electricidad como de combustibles fósiles, y alimentos. Ésta se distribuye para cubrir la demanda interna de energía exosomática (menos de una cuarta parte) y para actividades relacionadas con la exportación y la obtención de beneficios en los mercados financieros. Se puede deducir entonces que la poca generación interna de energía no es el principal motor de las entradas sino la actividad económica asociada a los flujos energéticos, tanto endosomáticos (alimentos) como exosomáticos.
La combinación de los flujos de energía que entran y salen de la ciudad, y la emisión de contaminantes atmosféricos, constituyen las principales vías de conexión con el exterior del metabolismo barcelonés, en demasiadas ocasiones en términos de impacto negativo para las poblaciones de los lugares de procedencia o destino. El metabolismo tiene de esta manera una dimensión que excede ampliamente sus fronteras y que se relaciona con el exterior en términos de anticooperación. Las posibilidades de las políticas locales para eliminar los efectos negativos de su metabolismo dependen de las dinámicas de expansión del capitalismo en una época con unas características muy definidas (globalización, lex mercatoria y financiarización) y del resto de niveles de la gobernanza de carácter público (UE, Estado, Cataluña).
La utilización coherente del enfoque del metabolismo urbano en la reducción de sus efectos negativos permite diseñar y planificar la estructura y el funcionamiento del metabolismo deseado, y detectar las limitaciones y barreras estructurales, competenciales, políticas, técnicas, sociales y económicas. El potencial se basaría en la combinación de: un cambio cultural en las relaciones entre ciudadanía y administración pública desde lo individual hacia visiones colectivas, la promoción de facilidades administrativas de gestión y de financiación, la planificación activa de las actuaciones energéticas, y la creación de nuevos actores que puedan vincular al sector público y a la ciudadanía, y ser agentes de redistribución de la riqueza a partir de la autonomía energética y la recuperación de la economía local, lo que reduciría la dependencia no solamente física sino fundamentalmente económica del exterior.

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