Organizaciones sociales urgen a implementar medidas contra el Proyecto Castor, después del informe crítico aprobado por el Parlamento Europeo

Piden la suspensión cautelar del Decreto Ley sobre la indemnización e hibernación de Castor hasta conocer los resultados de distintos procesos judiciales y administrativos en marcha a los que se suma esta resolución.

El pasado miércoles 30 de abril, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que insta a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones a que tomen medidas a fin de evitar que los ciudadanos españoles tengan que abonar los 1.350 millones euros en compensaciones por el proyecto. El pasado diciembre, también la Defensora del Pueblo europea, Emilly O’Reilly, reclamó la atención de la Comisión al respecto.

El presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer, ya ha reconocido públicamente que el proyecto Castor ha sido precedido de una evaluación desastrosa , pese a que el Banco que preside sigue sin dar respuesta a la denuncia que la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia (PCDTS) presentó ya hace más de un año a través del mecanismo de quejas que tiene el propio BEI. La Plataforma, que asistió a la votación del pleno, espera que el informe de la resolución aprobado por mayoría (350 votos a favor) sea implementado a partir de ahora. “El resultado de esta votación nos anima a seguir en nuestro esfuerzo para lograr la derogación del Decreto Ley 13/2014 del mes de octubre sobre el pago de esta subvención encubierta. Desde la Plataforma del Sénia presentaremos próximamente una denuncia ante la Comisión Europea y un petición ante el Parlamento Europeo, para seguir insistiendo sobre este tema. Además de una queja formal ante la Defensora Europea por la falta de respuesta del BEI a nuestra solicitud de hace más de un año”, explica Evelio Monfort, miembro de la Plataforma.

Organizaciones como el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Ecologistas en Acción y la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), se suman a las exigencias de la PCDTS y destacan la importancia de la resolución para que los procesos judiciales en curso sobre el proyecto Castor aborden la cuestión de la deuda y el desmantelamiento de las instalaciones. Así mismo “se pone de relieve la urgente revisión del mecanismo financiero europeo de los Project Bonds que hizo posible el proyecto, y que sigue vigente” explica Mònica Guiteras del Observatorio de la Deuda en la Globalización.

Del mismo modo, esperan que la resolución mantenga la opinión pública en alerta de cara a los procesos judiciales a nivel del Estado español, que se prevén lentos, tanto la causa en el juzgado 4 de Vinarós por delitos medioambientales, como los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat de Catalunya y por el PSOE. En este sentido consideran que el informe recientemente aprobado por el Parlamento Europeo puede ser un nuevo elemento de presión.

La deuda de 1.350 millones de euros generada a través de la indemnización que el Real Decreto Ley 13/2014 aseguró a ACS el pasado octubre, será abonada a través de la factura del gas durante 30 años, pero puede llegar a convertirse en un monto de más de 4.000 millones, a los que hay que sumar otros costes millonarios de mantenimiento y operación que Enagas, la nueva encargada de la infraestructura, cobrará también a través de dicha factura. Ni el Gobierno ni el ministerio de Industria han informado sobre cómo se concretará ese pago a través de la factura del gas a partir de 2016. Además, los informes sobre el riesgo sísmico que el gobierno ha encargado a institutos internacionales siguen sin presentarse, retardando esta decisión incluso a la próxima legislatura.

Las organizaciones exigen la suspensión cautelar del RDL mientras no se resuelvan los distintos procesos judiciales y administrativos del caso, y se depuren las responsabilidades penales y políticas. Condenan esta infraestructura innecesaria y su deuda ilegítima, especialmente en un momento donde se dan situaciones de pobreza energética y de emergencia social generalizada. Consideran que los daños, la deuda y el desmantelamiento de la plataforma Castor deben ser asumidos por los responsables. Mientras la cuestión no se soluciona, crece el malestar y la indignación de la población, la impunidad de los responsables, y los intereses de una deuda impagable.

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